El Estado burocrático y la estrategia de aumentar impuestos

La necesidad de establecer un nuevo sistema promocional en el agro, de pronto, parece haber quebrado los consensos entre los sectores que defienden las reformas de los noventa y la necesidad de desarrollar nuevas transformaciones en la economía que relancen la productividad y la competitividad. La posibilidad de seguir incumpliendo  la regla fiscal por tercer año consecutivo parece ser el detonante. En las diferencias hay argumentos de buena voluntad, porque es evidente que si se incumple la regla fiscal en el 2025 se podría disparar las alarmas de las pérdidas de los grados de inversión. Felizmente, ese fantasma se aleja por la reactivación de la economía y el aumento de la recaudación tributaria en el país.

Sin embargo, también está el llamado progresismo consciente, aquel sector del país que promovió la burocratización del Estado, la multiplicación de ministerios, oficinas y sobrerregulaciones; procesos que explican que, entre el gobierno nacional, las regiones y los municipios se consuma cerca de un tercio del PBI nacional de más de US$ 270,000 millones. Una cantidad de gasto social enorme en relación con nuestra condición de economía de ingreso medio y los nulos servicios que el Estado provee a la sociedad.

El progresismo consciente, por ejemplo, señala que si se aprueba un régimen tributario promocional en el agro el Estado perdería S/ 20,000 millones en recaudación en los próximos diez años. Se olvida o se pretende ignorar que durante dos décadas, gracias al régimen promocional, la recaudación del Estado se incrementó de S/ 97 millones a más de S/ 826 millones al año. En otras palabras, sin la derogada ley de Promoción Agraria, Ley 27360, el Estado apenas habría recaudado S/ 2,200 millones. Sin embargo, gracias al sistema promocional se recaudó S/ 9,100 millones; es decir, S/ 7,000 millones para el Estado.

El ejercicio del progresismo, pues, es efectista y pretende ocultar que los beneficios de un régimen promocional para el agro multiplicarían las inversiones, la frontera agrícola moderna y agroexportadora y, por lo tanto, la recaudación fiscal se incrementaría en el sector como nunca antes. En cuanto a un régimen promocional para el agro muchas cosas están demostradas: durante las dos décadas de vigencia de la ley de promoción, las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones con una tasa de crecimiento anual de 15% y se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y un ciclo permanente de reinversiones. ¿Por qué el progresismo acusa de fracaso al régimen promocional agrario y pretende equiparar la experiencia con el evidente fracaso de todas las zonas francas en el país?

Claro que estamos en desacuerdo con cualquier régimen promocional que fomente el mercantilismo y no tenga nada que ver con la productividad y la competitividad de la economía, sobre todo luego de defender dos décadas seguidas las reformas económicas y el modelo agroexportador del país.

En el fondo el debate actual sobre el sistema promocional en el agro comienza a ser atrapado en las telarañas del Estado burocrático. ¿Qué implica esta afirmación? Se parte del supuesto de que el Estado burocrático es una normalidad y cualquier discusión sobre cómo cerrar el déficit fiscal pasa por aumentar impuestos y ajustar a la sociedad y a las empresas. En la normalidad del Estado burocrático la idea, la propuesta, de reducir el gasto estatal es una imposibilidad. Reducir el Ejecutivo con 19 ministerios, la mitad de ellos innecesarios, que duplican las funciones y direcciones de otras entidades, es una verdadera imposibilidad.

En este contexto, imaginar un régimen promocional en el agro –es decir, trasladar recursos al sector privado para multiplicar la inversión y la reinversión y generar empleo– es un imposible. Para este criterio el Estado burocrático no se toca, y todos sabemos que la burocracia para sobrevivir tiende a crear más burocracia, y ese camino solo lleva a aumentar impuestos. Es decir, una nueva vía al socialismo.