¿Elegir el Ejecutivo y el Congreso en la segunda vuelta?

Si bien es cierto que las grandes reformas constitucionales y legales del sistema político deben desarrollarse a partir del próximo periodo constitucional, con un nuevo Ejecutivo y un nuevo Legislativo, respaldados por la elección nacional del 2026, es indudable que discutir el tema es pertinente en cualquier momento. Sobre todo considerando la fragmentación del sistema político y la liquidación de la política que han promovido las izquierdas y el progresismo en el país.

Por todos es conocido que las izquierdas promovieron la intervención del Estado y la sobrerregulación burocrática en la vida de los partidos políticos (al igual que en contra de las empresas) con el objeto de debilitar a las partidocracias y convertirlas en actores relativos del poder. Hubo diversas medidas: desde la reducción del número de firmas para inscribir a los partidos, la sobrerregulación de procedimientos en la vida partidaria y la restricción del financiamiento privado hasta la prohibición de la reelección congresal. Todo se confabuló para debilitar a los partidos y, de pronto, las autoridades electorales se convirtieron en “los garantes de la democracia interna”. Una evidente estatización de los partidos políticos.

Algunos de estos terribles aspectos han comenzado a ser modificados por el actual Legislativo. Sin embargo, al lado de la sobrerregulación normativa, está el régimen constitucional de elección del Ejecutivo y del Legislativo que, de una u otra manera, ignora la necesidad de que el presidente de la República cuente con mayoría parlamentaria para desarrollar la gobernabilidad. Como todos sabemos, el Legislativo se elige en la primera vuelta a través de la cifra repartidora y el jefe de Estado en la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. 

En la historia del Perú cuando un Presidente no tiene mayoría parlamentaria suele enfrentar graves problemas de gobernabilidad e incluso no puede terminar su mandato. Todo el siglo XX y el XXI está repleto de estos ejemplos. Sin embargo, el hecho de que en la última década hayan existido siete presidentes, en vez de los dos que ordenaba la Constitución, ha disparado las alarmas.

Los más radicales sostendrán que, como el Congreso tramitó las renuncias, vacancias y golpes de masas de los siete jefes de Estado, debemos avanzar hacia el parlamentarismo. Los más conservadores sostendrán que, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala los gobiernos no tuvieron mayorías propias, pero se formaron coaliciones que posibilitaron la gobernabilidad. Las reformas y los ajustes entonces estarían en otro lado.

En una reciente entrevista para El Montonero, Domingo García Belaunde, el Decano de los constitucionalistas del país, sostiene que la constitución histórica del Perú, de más de dos siglos, nos inclina al presidencialismo. Sostiene que la gran falla del sistema está en el sistema de elección del Ejecutivo y el Congreso, y sugiere empezar a discutir la posibilidad de la elección del Ejecutivo y del Congreso en la segunda vuelta, de modo que el jefe de Estado cuente con mayoría política. Se trata de una propuesta, de una aproximación. 

En cualquier caso, recuerda García Belaunde que en los municipios la mitad de los regidores pertenecen a la lista del alcalde electo y la otra mitad se distribuye a través de la cifra repartidora.

Asimismo, García Belaunde menciona que en la Carta Política de 1933 el jefe de Estado se elegía con el 33% de los votos. Si no se alcanzaba esta votación el Congreso elegía al mandatario entre los tres más votados. Por otro lado, no existía la cifra repartidora.

Es evidente entonces que la fragmentación, la crisis de la política y la ausencia de una élite partidaria –también llamada partidocracia– que organice la gobernabilidad obligan a desarrollar una gran reforma constitucional y legal para modificar el sistema de elección. En ese sentido, los próximos Ejecutivo y Legislativo deberían formar una gran comisión nacional –integrada por personalidades y constitucionalistas– para elaborar una propuesta de reforma integral del sistema electoral que se discuta abiertamente en el país. Y por otro lado, se debe proceder a derogar toda la sobrerregulación progresista que ha ahogado la vida de los partidos políticos.