La izquierda judicializa a nuestros soldados como parte de su estrategia de poder

¿Cuál es el único sistema que defiende los Derechos Humanos en la historia moderna? ¿El comunista, el fascista, el régimen bolivariano, la república plurinacional? Es evidente que la respuesta es no. Todos los regímenes mencionados se han convertido en fábricas de violaciones de Derechos Humanos.

Desde que se declararon los Derechos Humanos como atributos de la humanidad, el único sistema que ha defendido y preservado los Derechos Humanos han sido los estados de Derecho; o si se quiere, desde un punto de vista de la filosofía, los regímenes republicanos en los que el poder está fraccionado (nunca concentrado) y las instituciones controlan cualquier exceso de poder. En el Perú, por ejemplo, más allá de la terrible crisis política e institucional, el poder está extremadamente fraccionado, a tal extremo que un juez provisional puede detener el desarrollo de las facultades exclusivas y excluyentes del Legislativo. El fraccionamiento del poder en el país, incluso, suele acercarse a la anarquía.

En el Perú si bien todo está en crisis, las bases institucionales de un Estado de derecho se mantienen: de allí que se controle el poder y avancemos a las elecciones del 2026. ¿A qué vamos? Los defensores de primera línea del Estado de derecho hoy están judicializados y, como sucedió con los soldados y policías que derrotaron al comunismo terrorista en los años ochenta, pueden enfrentar décadas de persecución injustificada.

Alrededor de 300 soldados y policías que defendieron el Estado de derecho frente al golpe fallido de Pedro Castillo –algunos de ellos incluso con prisiones preventivas– enfrentan procesos judiciales, acusados de la lamentable y trágica muerte de 60 peruanos. Sin embargo, para cualquiera que analice con independencia el asunto es incuestionable que los únicos responsables de esa tragedia son los jefes y organizadores de virtuales milicias que pretendieron quemar los aeropuertos del sur y bloquear las principales carreteras del país, con el objeto de quebrar la moral nacional e imponer una asamblea constituyente que centralizara en el poder.

La acción de las fuerzas armadas y la policía nacional (PNP) evitó que se materializara ese objetivo del Grupo de Puebla y el eje bolivariano. De lo contrario hoy en el Perú se habría acabado la posibilidad de reconstruir el Estado de derecho, porque todo estaría centralizado en una asamblea de constituyentes.

En este contexto, vale recordar que todas las corrientes de izquierda, incluidas las comunistas y progresistas, suelen demonizar a las fuerzas de seguridad y buscan su permanente judicialización. Así ha sucedido en Perú, Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador. ¿Por qué? Las izquierdas buscan bloquear la acción de las fuerzas de seguridad con el objeto de que las estrategias insurreccionales avancen sin resistencias; tal como, por ejemplo, sucedió en Chile con la movilización estudiantil de octubre del 2019, que desembocó en la convención constituyente y luego posibilitó la elección del gobierno de Gabriel Boric.

La judicialización de nuestros soldados, entonces, es parte de una estrategia de poder. De allí la inversión de los papeles con respecto a las fuerzas de seguridad: de ser salvadores del Estado de derecho –es decir del único sistema que defiende los Derechos Humanos– se convierten en victimarios y padecen una persecución judicial de por vida, tal como lo hemos contemplado con héroes nacionales como el Almirante Luis Giampetri, quien murió perseguido.

Si el Perú no defiende la reciente amnistía a los soldados ancianos y enfermos de hoy, que ayer acabaron con el comunismo terrorista, y si permite un nuevo ciclo de retaliaciones contra las fuerzas de seguridad que defendieron el Estado de derecho frente al golpe de Castillo, entonces, es evidente que la sociedad peruana está negando su derecho a vivir bajo un sistema republicano.