Las batallas contra la constituyente y la violencia, ¡no han terminado!

El Perú necesita relanzar el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza para seguir derrotando a las fuerzas antisistema. Igualmente, el Estado está en la obligación de avanzar en la reconstrucción e invertir en obras de prevención; sobre todo en el norte, mientras que en el sur se debe lanzar un shock de inversiones para cerrar las brechas sociales: sistema de agua potable y desagüe, electricidad, carreteras, escuelas y postas médicas. Si el Perú, la sociedad y el Estado avanzan hacia esos objetivos la estabilidad y la continuidad institucional serán posibles.

Sin embargo, la defensa de la Constitución será una ilusión si no se aplican la Constitución y las leyes en contra de los violentistas y vándalos que intentaron quebrar el Estado de derecho. Luego de las oleadas de violencias insurreccionales que dejaron más de 60 muertos –entre civiles, militares y policías– y más de 500 efectivos de la policía nacional (PNP) heridos de gravedad, el progresismo comienza a ganar la batalla de las narrativas y relatos señalando que luego de la violencia el problema principal es identificar y procesar a miembros de las fuerzas de seguridad.

Claro que todas las investigaciones deben avanzar y hallarse a responsables de excesos si es que los hay. Sin embargo, cuando se atacan más de 100 comisarías, cuando se atacan aeropuertos, se queman e incendian empresas emblemáticas en las regiones, se bloquean todas las vías nacionales para desabastecer a las ciudades, se asesina a policías y soldados, ¿quiénes son los responsables de las muertes? La respuesta es evidente: las vanguardias comunistas, las milicias bolivarianas, que pretendieron quebrar el Estado de derecho e instalar una constituyente, utilizando la violencia y la estrategia insurreccional (estrategia de poder).

En ese sentido, la sociedad, los partidos políticos y las bancadas del Congreso deben exigir que la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial, culminen la identificación, procesen y sentencien a todos los cabecillas que desataron el caos y la destrucción en el país. Si las instituciones no avanzan en ese sentido, de una u otra manera estaremos preparando el capítulo de una nueva oleada insurreccional que padecerá el país.

Por otro lado, la única manera de evitar que en el futuro se vuelvan a producir muertes lamentables de peruanos pasa porque el Estado de derecho castigue a quienes violan la ley, precisamente, con las instituciones del sistema constitucional. De lo contrario, la sensación de impunidad crecerá en los delincuentes violentistas y, de una u otra manera, volveremos a repetir la tragedia.

Cuando el Estado de derecho impone la ley y el orden, el policía y el soldado se convierten en la última línea de defensa de la democracia. En este escenario se minimizan los enfrentamientos y desenlaces fatales. Cuando no se aplica el Estado de derecho, el policía y el soldado representan la primera línea de defensa de la Constitución y se producen enfrentamientos con resultados lamentables. En otras palabras, el último es el escenario que más buscan las corrientes comunistas y progresistas para deslegitimizar el sistema constitucional y la autoridad de las fuerzas de seguridad.

Por todas estas consideraciones, si el sistema de justicia no termina de identificar y procesar a los delincuentes y vándalos que desataron el caos y la destrucción en el país, que llevaron a decenas de peruanos a enfrentamientos con saldos lamentables, de nada nos servirá haber derrotado el golpe de Pedro Castillo y haber preservado el Estado de derecho. La sociedad y los políticos demócratas deben iniciar una campaña que informe y concientice sobre este grave problema.