Los candidatos de las propuestas versus los de las denuncias

Más allá de los problemas institucionales y políticos que atraviesan la política nacional, más allá del evidente vacío de poder que –sobre todo– se expresa en el desborde de la ola criminal, el Perú avanza hacia una sexta elección nacional desde el pleno retorno a la democracia a inicios del nuevo milenio. Una extraordinaria noticia si consideramos la historia republicana del país.

Si bien hubo el golpe de Martín Vizcarra, a través del cierre inconstitucional del Congreso, si bien hubo el golpe de masas en contra del gobierno constitucional de Manuel Merino, y si bien hubo el intento de golpe fallido de Pedro Castillo y la violencia posterior, lo cierto es que las instituciones del Estado de derecho siguen en pie, y a finales de diciembre se registrarán las planchas presidenciales y las listas para el Congreso (cámara de diputados y Senado).

Considerando la crisis política endémica que se instaló en el Perú con la guerra entre fujimoristas y antifujimoristas que alentó la izquierda; igualmente, considerando el fracaso de los partidos y la corrupción política, es una verdadera hazaña, una verdadera épica, avanzar hacia una sexta elección nacional dentro del marco constitucional sin haber caído en las salidas autoritarias que promueve el Grupo de Puebla y el llamado eje bolivariano.

¿Cómo así explicamos la resistencia de las instituciones del Estado de derecho frente al fracaso general de la política y los políticos? La única explicación está en la economía y la sociedad que ha emergido de ella; es decir, la única explicación está en las reformas económicas de los años noventa que cancelaron el Estado empresario, desregularon precios y mercados, liberalizaron el comercio exterior y consagraron el respeto irrestricto a la propiedad privada y los contratos. 

Bajo la sombra de las reformas de los noventa emergió una red de empresarios formales e informales que, de una u otra manera, le cambiaron para siempre el rostro al país: crearon una idea, un boceto de nación peruana que no existía luego de la independencia de la metrópoli. Ese modelo multiplicó el PBI por varias veces, redujo la pobreza al 20% antes de la pandemia y creó y expandió las clases medias nacionales como nunca en la historia nacional. Si bien todos esos avances involucionaron desde el gobierno de Ollanta Humala, las vigas maestras de las reformas económicas de los noventa siguen en pie.

Si el Perú no se ha convertido en un Estado fallido en el siglo XXI, pese al fracaso general de sus políticos, solo se explica por la fortaleza de su economía. Por ejemplo, luego de la independencia el país avanzó hacia un estado fallido porque ni siquiera tenía un borrador de un proyecto de nación –con el mundo andino excluido del sistema republicano con la abolición de sus noblezas indígenas– y menos un proyecto de economía nacional. Algo parecido sucedió luego del velascato y las reformas colectivistas y estatistas: en los ochenta el Perú organizó un Estado fallido porque el modelo estatista reventó por los aires con la hiperinflación (como sucede en Venezuela y Bolivia).

A estas alturas, pues, no es una exageración sostener que la economía lo es todo para el Perú. No solo nos ha salvado del abismo del Estado fallido, sino que es la plataforma que nos permitirá avizorar reformas para el futuro.

A la luz de los fracasos económicos de la izquierda en Venezuela y Bolivia, es evidente que las izquierdas no tienen propuesta económica que plantear, excepto el modelo estatista que se transforma en una fábrica de pobreza y es la fuente de tragedias humanitarias. De allí que solo le queden las denuncias sobre la base de criterios ideológicos, la agitación y propaganda basadas leyendas y mentiras, y la propuesta de la asamblea constituyente para capturar el poder democrático.

En este escenario las elecciones nacionales en el Perú deben diferenciar a los candidatos de las propuestas; es decir los postulantes que defienden el modelo económico y proponen reformas hacia el futuro y quienes se dedican a la denuncia planteando modelos que solo han generado pobreza, tragedias humanitarias y represión indiscriminada en contra de la ciudadanía. En otras palabras, los electores deben optar entre las propuestas y las denuncias.