¿Para cuándo la marcha nacional en defensa de la amnistía de nuestros soldados?

En el Perú, los políticos, los partidos, los intelectuales suelen fracasar de principio a fin y, generalmente, llevan a la sociedad hacia el abismo. En ese momento las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) intervienen para salvarnos de la disgregación nacional. Por ejemplo, algo así sucedió en los años ochenta del siglo pasado cuando el terrorismo comunista de Sendero Luminoso había desatado un genocidio nacional, ensangrentando a pobres y ricos, a las comunidades colgadas en los Andes y a las zonas mesocráticas de Lima y la costa.

Las cosas eran tan aterradoras –el terrorismo controlaba una tercera parte del territorio nacional– que en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en otros organismos internacionales se especulaba ante la posibilidad del triunfo del comunismo popoltiano. Se sostenía que se debía dividir el territorio nacional del Perú para aislar el estado terrorista que surgiría en los Andes centrales. En esa circunstancia intervinieron las fuerzas armadas del Perú desarrollando una de las estrategias contrasubversivas más democráticas de la historia moderna, a través de una alianza entre las fuerzas de seguridad y las comunidades campesinas. Sin negar que hubo excesos en la guerra contra el comunismo terrorista, la alianza de las fuerzas armadas con los campesinos barrió al terrorismo, restauró la paz y posibilitó la pacificación en apenas una década. A Colombia la guerra contra el terror le demanda más de medio siglo y todavía están demasiado lejos de la victoria democrática.

Sin embargo, luego del triunfo sobre el terror comunista de Sendero Luminoso, nuestros soldados fueron judicializados y perseguidos por más de cuatro décadas e, incluso, ya convertidos en ancianos inválidos y con enfermedades terminales, siguieron padeciendo la venganza comunista hasta la muerte a través de magistrados ideologizados.

Igualmente, unos años atrás, luego del golpe fallido de Pedro Castillo, el eje bolivariano desarrolló una de las estrategias insurreccionales más planificadas y cruentas de la región en el Perú. Verdaderas milicias pretendieron incendiar los aeropuertos de Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho y otros, mientras se bloqueaban las carreteras centrales del país para bloquear el suministro a las ciudades y quebrar la economía nacional. El objetivo era simple: producir un pánico nacional, hacer trizas la autoridad del Estado y generalizar la violencia para que la desesperación desembocará en la convocatoria de una asamblea constituyente. El plan bolchevique era perfecto y aterrador.

Sin embargo, una vez más, las fuerzas armadas y policiales acudieron a salvar el Estado de derecho y las instituciones del fracaso general de los políticos. En el desarrollo de esas actividades se produjo la lamentable muerte de 60 peruanos. Los responsables únicos de esta tragedia son los organizadores de las milicias que pretendieron quemar al Perú. Nadie más.

No obstante, al igual que en el pasado, más de 300 soldados y policías, están judicializados y algunos de ellos, incluso, con prisiones preventivas. Si los peruanos de buena voluntad permiten un nuevo ciclo de persecuciones a nuestros soldados, ¿cómo entonces el Perú tiene derecho a gozar de las libertades y un sistema republicano?

¿Qué está sucediendo con nuestra clase política que empieza a contemplar como un hecho normal un nuevo ciclo de persecución a los soldados que salvaron la democracia? ¡No puede ser!

Creemos que, ante esta situación, ante un nuevo ciclo de venganza comunista contra las fuerzas de seguridad, los partidos democráticos, los gremios empresariales, los sectores católicos y cristianos no influenciados por el marxismo y la sociedad en general, deberían organizar una de las movilizaciones más poderosas de la reciente historia para exigir el fin de la persecución comunista a nuestros soldados. Una gran movilización nacional que exija el respeto a la amnistía otorgada por el Congreso a nuestros soldados y demande que ningún miembro de las fuerzas de seguridad enfrente un nuevo ciclo de venganza comunista que podría arruinar vidas y perdurar por décadas.

Si los peruanos de buena voluntad no defendemos a nuestros soldados, entonces, no tenemos derecho a gozar de un Estado de derecho.