Pasan los días y la ley de oenegés sigue sin reglamento

El Congreso y el Ejecutivo aprobaron y promulgaron, respectivamente, la Ley 32301, la llamada ley sobre las oenegés, que incrementa las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el control de los recursos externos que reciben las oenegés. Sin embargo, la ley no se puede aplicar todavía porque el Ejecutivo, a través de la Cancillería, no ha reglamentado la mencionada normam, tal como lo establece la Constitución Política.

Ante la aprobación de la mencionada ley se desarrolló una coalición nacional e internacional de oenegés e, incluso, de países que se opusieron abiertamente a que el Estado incrementará las funciones de la APCI en el control de los recursos externos que reciben estas entidades. Eran los tiempos previos a la asunción del poder de Donald Trump en los Estados Unidos, los tiempos en que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se había convertido en una fuente de financiamiento de todos los progresismos habidos y por haber.

Sin embargo, a pesar de esta poderosa coalición, que sumó pronunciamientos de diez embajadas, el Congreso peruano aprobó la mencionada norma, como se dice, contra viento y marea. Y es que las legislaciones de países como los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá contemplan normas con penas mucho más severas que las establecidas en la ley peruana. Una clara demostración que la decisión del Congreso de legislar sobre el tema es absolutamente pertinente y responde a una decisión de afirmar la soberanía nacional.

¿Por qué es extremadamente importante que el Ejecutivo reglamente la ley y se comience a aplicar la norma? En el Perú, los partidos políticos –es decir, los principales instrumentos de participación política de la sociedad y de los ciudadanos– han sido sobrerregulados hasta los extremos. Por ejemplo, los partidos políticos no tienen capacidad de normar su vida interna de acuerdo a sus tradiciones y experiencias, sino que ahora el Estado –como una supuesta entidad omnisciente alrededor de los problemas de la democracia– regula cada aspecto de la vida partidaria. Pero eso no es todo, en un referendo pasado se restringió al extremo el aporte privado para los partidos políticos con el objeto de empoderar al Estado a través del financiamiento público. Felizmente, el actual Legislativo avanzó en la eliminación de estas limitaciones del aporte privado.

Como se aprecia, sobre todo los sectores progresistas, han fomentado la sobrerregulación de la vida de los partidos políticos con el objeto de volverlos dependientes de una burocracia estatal. Sin embargo, esos mismos sectores se oponen al incremento de las funciones de la APCI en el control de los recursos externos de las oenegés, arguyendo un supuesto derecho a la participación ciudadana.

Si los mismos sectores políticos, las izquierdas progresistas, promueven la sobrerregulación de la vida de los partidos al extremo y, por otro lado, defienden el libertinaje de las oenegés en la recepción de fondos del exterior, entonces, estamos una maniobra evidente a la que recurren todas las izquierdas del planeta.

Regular las oenegés es un asunto capital para el Estado de derecho, sobre todo considerando el devastador efecto que han tenido estas entidades en la sociedad. Las oenegés de izquierda han desarrollado casi todas las narrativas y relatos que han bloqueado el proceso institucional y económico del país. Por ejemplo, desde el informe de la Comisión de la Verdad que dividió al Perú entre buenos y malos y relativizó la amenaza del comunismo terrorista se desató una guerra política sin precedentes que culminó en la elección de Pedro Castillo.

Igualmente, las oenegés que supuestamente defendían los DD.HH., el medio ambiente, la biodiversidad del océano y otros aspectos, solo se orientaron a detener la inversión privada, demonizar a las empresas y a buscar empoderar a las burocracias estatales.

Algo más. La necesidad de controlar los recursos que reciben las oenegés se incrementa de manera superlativa con la emergencia de las economías ilegales. Y, en el caso de la minería ilegal, incluso este sector pretende desarrollar un discurso social a su favor.

El reglamento de la ley de oenegés, pues, es un asunto de necesidad nacional.