Prisión preventiva: la excepción y no la regla

Desde esta columna señalamos que estamos de acuerdo con que el ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, desarrolle su proceso en libertad, con restricciones y con impedimento de salida. La prisión preventiva debe convertirse en la excepción y no en la regla de los procesos. Tenemos que expresar esta opinión porque, igualmente, nos hemos pronunciado en contra de las prisiones preventivas de Nadine Heredia, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, los dirigentes de Fuerza Popular y los árbitros que sufrieron evidentes injusticias, sobre todo Fernando Cantuarias y Humberto Abanto.

Sin embargo, a propósito del caso Villanueva, lo que llama poderosamente la atención es que existan dos criterios en el Ministerio Público para solicitar las prisiones preventivas. Está demás señalar que las medidas restrictivas de la libertad se han focalizado en los políticos y los actores de la oposición (exceptuando el caso Villarán), violentando el principio constitucional de la presunción de inocencia, los criterios aprobados sobre el tema en el Pleno Casatorio de la Corte Suprema y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La prisión preventiva debe dejar de ser la regla y convertirse en la excepción, sobre todo luego la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que decretó la libertad de Keiko Fujimori. De lo contrario, las investigaciones y los procesos se convertirán en movilizaciones mediáticas y espacios de demolición. Y en estos temas tan delicados, como lo es la libertad de las personas, de ninguna manera las encuestas o sondeos de opinión deberían convertirse en puntos de referencias, porque sería volver a las épocas de los juicios populares en que las muchedumbres decretaban la libertad de Barrabás.

Es momento, pues, de recuperar los equilibrios y las prácticas constitucionales, si pretendemos restablecer la institucionalidad quebrada por el cierre inconstitucional del Congreso. Semejante objetivo demanda una enorme capacidad de ceder, un gigantesco esfuerzo por entender que los rivales y movimientos políticos no desaparecen con judicializaciones y arrinconamientos. La historia nos demuestra que generalmente sucede todo lo contrario.

De una u otra manera, en el Perú las instituciones comienzan a funcionar y a contrapesar los excesos de algunos sectores, tal como se aprecia en las decisiones del TC y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Una de las condiciones para continuar en este camino de recuperación institucional es terminar con la judicialización de la política y desarrollar una agenda constructiva alrededor del crecimiento, la reconstrucción del norte, la seguridad ciudadana, las reformas de la educación y de la salud, y el relanzamiento de las inversiones en infraestructuras.

El Perú necesita esa agenda pro gobernabilidad. Pero es evidente que semejante objetivo no será posible si no cancelamos esta extrema judicialización de la política que alienta una especie de guerra civil sin fusiles ni balas.