Se deteriora clima de inversión

 

El proceso de desinstitucionalización de la democracia, las tensiones Ejecutivo-Legislativo, la polarización política y la judicialización extrema de la vida pública no solo distraen a las autoridades de los problemas de la gobernabilidad (crecimiento, reconstrucción, seguridad ciudadana), sino que empiezan a destruir el clima de negocios en el Perú. Si las cosas no se notan a la primera impresión es porque el Perú sigue siendo una fortaleza macroeconómica. Pero el crecimiento de algo más de 3.5% proyectado para el 2018 ya es casi una luz roja. Con esas cifras no se puede reducir pobreza.

¿Qué significa el deterioro del clima de negocios? Que el ambiente económico, institucional, social y político, que posibilitó el desarrollo del actual modelo económico (que ha reducido pobreza del 60% de la población a solo 20%), comience a volverse en contra de la inversión privada. Como todos sabemos, la inversión de los privados explica el 80% del total de la inversión y más del 75% del total de la pobreza reducida en las últimas dos décadas. En otras palabras, se empieza a ahogar al principal protagonista del cambio.

Por ejemplo, el Ejecutivo acaba de prepublicar la propuesta del incremento de los derechos de pesca en 400% a partir de desembarcos de 3.4 millones de toneladas. Con esta decisión, muchas empresas pesqueras entrarán en crisis, no obstante que esta actividad aporta más del 1% al PBI nacional. Increíble.

De otro lado, entre el ministro de Trabajo, Christián Sánchez, y el titular de Economía, Carlos Oliva, se ha desatado más de una tensión en el Gabinete Villanueva como expresión del choque entre un ala anti inversión y otra proinversión. El ministro Oliva, por ejemplo, pretende que el Ejecutivo observe la ley de negociaciones colectivas aprobada de manera irresponsable en el Congreso, que fomentará la conflictividad sindical entre los trabajadores del Estado, no permitirá manejar los presupuestos de gastos corrientes y empujará la negociación colectiva al sector privado. Sánchez, como buen marxista, se opone a observar la mencionada norma.

Pero eso no es todo. El ministro de Trabajo, en vez de impulsar una reforma laboral que flexibilice contratos y promueva la formalidad, ha decidido emprender una cruzada “para combatir la informalidad de las grandes empresas”. Es decir, Sánchez solo quiere ocuparse del único sector en que se puede hablar de formalidad: la gran empresa. Una locura. El 75% de los trabajadores está en informalidad, y eso demanda reformas urgentes. Sin embargo, no se dice nada.

Como si el despacho de Trabajo se hubiese convertido en enemigo de las empresas, Sánchez también está proponiendo incrementar los aportes a Essalud del 9% de la remuneración a 12%. Es decir, más cargas e impuestos que debe pagar el sector privado para financiar el déficit de más de 2,000 millones que genera el Estado en la entidad aseguradora, por rebajas arbitrarias en los aportes de los trabajadores estatales.

Si a estos hechos le sumamos que, como parte de la delegación de facultades, el Ejecutivo ha promulgado una norma que establece que, ante la sospecha de elusión por parte de la entidad recaudadora, se pueden embargar los bienes del responsable legal de una determinada empresa, las cosas se ponen oscuras. ¿Dónde queda el principio constitucional de la presunción de inocencia? ¿No hay procedimientos administrativos y judiciales previos? ¿Qué está sucediendo?

Si a todas estas malas señales le sumamos la permanente caída de la economía peruana en los rankings de competitividad y productividad, el asunto se vuelve crítico. Por ejemplo, en el último Ranking de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial, nuestro país se ubica en el puesto 63 de un total de 140 estados. En el tema institucional se cae al lugar 90; y en todos los demás pilares, el Perú se ubica debajo de media tabla. En el informe Doing Business del Banco Mundial, que establece las facilidades para hacer negocios, el Perú acaba de caer cinco puestos y se ubica en el lugar 68 de un total de 190 países. Terrible.

Como se aprecia, el clima de negocios se deteriora aceleradamente. De pronto la crisis política nos hace olvidar que el sector privado ha sido el gran protagonista de los cambios económicos y sociales de los últimos 28 años. Y de una u otra manera, el Estado peruano empieza a matar a la gallina de los huevos de oro.