AFP en el Perú: entre el ahorro, la desconfianza y la política

En el Perú, hablar de las AFP es como abrir un viejo cajón lleno de recibos, promesas y quejas. El sistema privado de pensiones, introducido durante los noventa como una gran alternativa frente a un Estado que entonces se consideraba ineficiente, hoy se encuentra en un terreno pantanoso: entre la necesidad de garantizar jubilaciones dignas y la presión política por permitir retiros masivos.

Este miércoles 17 de septiembre de 2025 la Comisión de Economía del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que autoriza un octavo retiro extraordinario de hasta 4 UIT (equivalentes a S/ 21 400) . La votación fue clara: 24 votos a favor, ninguno en contra y dos o tres abstenciones según la fuente. El dictamen fue enviado de inmediato al Pleno del Congreso, con la intención de debatirse y aprobarse en la sesión del día, programada para las 5:00 p.m.

Reformas adicionales aprobadas en el dictamen:
1. Se garantiza que los afiliados que retiren fondos mantendrán el derecho a una pensión mínima en el futuro.
2. Se convierte el aporte de los trabajadores independientes en voluntario, eliminando la obligatoriedad prevista entre 2028 y 2035.
3. Se restituye el derecho de todos los afiliados, sin límite de edad, a retirar hasta el 95,5 % de sus fondos al jubilarse .

Según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el octavo retiro implicaría una salida inmediata de más de S/ 31,600 millones, lo que afecta a aproximadamente 7,9 millones de afiliados, de los cuales 2,2 millones tienen saldo cero y otros 6,4 millones menos de S/ 5,350 en sus cuentas individuales. Desde el año 2020, se han permitido siete retiros extraordinarios previamente. En total, ya han salido del sistema más de S/ 115,000 millones, lo que representa aproximadamente el 11 % del PBI de 2024.

A pesar de que las AFP han logrado acumular importantes recursos y contribuir al dinamismo del mercado de capitales, no han logrado generar confianza entre los afiliados. Aspectos como las comisiones históricamente elevadas y la percepción de que "el dinero no es realmente del afiliado" han abonado a una memoria colectiva crítica del sistema.

La aprobación del retiro no es un accidente. Se da en un contexto político y electoral, donde las AFP han sido utilizadas como oferta política en campaña: el debate ya no solo es técnico, sino también electoral. Muchas tiendas políticas, incluso el Ejecutivo, han modificado su postura según el costo político de la reforma, lo que refuerza la sospecha de que se discute más como herramienta de movilización que como política pública sostenible.

El respaldo de la presidenta Dina Boluarte, quien inicialmente se opuso a nuevos retiros, cambió radicalmente tras las protestas ciudadanas recientes. Hoy su postura es de apoyo al octavo retiro: lo justificó como protección del “dinero de las familias que trabajan”. Entre tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que hasta hace días advertía el costo fiscal y el riesgo de erosionar el sistema previsional, ahora respalda la medida, aunque pide discernimiento y advierte de consecuencias futuras en la pensión final .

En un país donde millones viven mes a mes, el dilema se reduce a ahorrar para un futuro lejano o disponer hoy de esos recursos cuando se aprieta el bolsillo. La necesidad inmediata supera el cálculo de largo plazo. Para muchos, el retiro de AFP es un alivio financiero oportuno: permite cancelar deudas, cubrir gastos urgentes, pagar salud o educación, o impulsar un pequeño negocio.

Sin embargo, esto genera un círculo vicioso: los retiros se permiten, más gente se convence de hacerlo, debilitando aún más la base de ahorro colectiva. ¿Qué quedará dentro del sistema para asegurar una pensión digna? ¿Cómo reconstruir la confianza? ¿Quién incentivará el ahorro?

Las consecuencias y riesgos del octavo retiro son muchos. Según el MEF y la SBS, el proceso operativo permitiría a los afiliados solicitar el retiro dentro de los 90 días posteriores a la reglamentación, con desembolsos que se realizarán en cuotas mensuales cada 30 días.

Como reflexión final, el retiro aprobado hoy era un reclamo de emergencia social, legítimo en tanto responde a urgencias. Pero está lejos de ser una solución estructural. El sistema de AFP en el Perú debe superar la dinámica cortoplacista y populista. La reforma previsional no debe debatirse como botín político ni como respuesta momentánea, sino como una política pública de largo plazo centrada en resguardar el derecho real al ahorro previsional, garantizar pensiones dignas y devolver la confianza a los ciudadanos. Si no se logra esto, las AFP seguirán atrapadas en el mismo círculo: entre la desconfianza ciudadana y la manipulación política.

La aprobación del octavo retiro, este 17 de septiembre de 2025, es solo el último capítulo de una historia que todavía clama por una salida técnica, seria y sostenible.