Errores del Acuerdo Escazú

A puertas del próximo debate en el Congreso de la República sobre la ratificación del Acuerdo Escazú, urge revisar este tratado internacional que traerá importantes consecuencias a nivel económico, social y político en el Perú. La conveniencia o no de este acuerdo debe ser sometida a un riguroso análisis para optar por una decisión responsable y respetuosa con los intereses nacionales. Se requiere la firma de 11 países para que este documento entre en vigor antes del 26 de septiembre de 2020, y hasta la fecha aún no ha sido aprobado por el parlamento; por lo tanto, a medida que transcurren las semanas surge la necesidad de sentar una postura política sobre este asunto de vital importancia. 

No todo documento de orden internacional es necesariamente conveniente para el país firmante, y esto nos debe llevar a dilucidar con mayor responsabilidad. El Acuerdo de Escazú presenta objetivos aparentemente beneficiosos, que podrían ser aceptado por todo ciudadano que aspira a un desarrollo sostenible del país. ¿Pero cuál es el quid de la cuestión? El contenido de este tratado presenta puntos difusos que afectan a la propiedad privada y al principio de legalidad, y que ralentizarían el desarrollo económico del país. No solo obstaculizaría los proyectos mineros, sino que además se verían afectadas las actividades agrícolas, ganaderas y otras, en el caso que alguien decida interponerse a dichas actividades por una simple denuncia de una hipotética alteración del medioambiente.

Justamente uno de los puntos polémicos menos discutidos es el Principio Precautorio contemplado en este acuerdo, que fue anteriormente consagrado en la Declaración de Río, de La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este principio dice lo siguiente: “Frente a una eventual obra o actividad con posibles impactos negativos en el medioambiente, se permite que la decisión política que no da lugar a su realización se base exclusivamente en indicios del posible daño, sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta”. Es decir, que cualquier individuo u organización, valiéndose de este principio contemplado en el Acuerdo de Escazú, puede oponerse a alguna actividad que considere dañina para el ecosistema, sin necesidad de presentar una prueba científica que respalde su argumento. Un escenario que, una vez más, se ubicaría en el campo de la ideología, y no necesariamente bajo las luces de la ciencia, que es la única autorizada para explicar los fenómenos mediante la verificación de las hipótesis.

Además, nuestro país ya cuenta con instrumentos ambientales que permiten una eficiente protección del medioambiente. Es el caso de los estudios de impacto ambiental que acompañan a todo proyecto que pretenda ejecutarse. Asimismo, existe la Ley de Consulta Previa, que permite dialogar y brindar información a los pueblos indígenas sobre las decisiones que el Estado va a tomar sobre cierto territorio. Si llegase a aprobarse este tratado internacional, la consulta previa no solo se daría exclusivamente con los pobladores del área de influencia; gracias al artículo 7 del Acuerdo de Escazú, se ampliaría la consulta al público en general. Es decir, nuevamente cualquier individuo u organización que no necesariamente esté involucrado en la zona de impacto puede tener acceso a la participación pública para tomar decisiones ambientales. De esta manera se burocratizan y congestionan los procesos.

Si bien es cierto que aún existen conflictos ambientales, por la aprobación de estudios de impacto ambiental de dudosa elaboración, el Acuerdo de Escazú no solucionaría el problema; al contrario, convertiría nuestro territorio en un extenuante campo de batalla, que tendría como principales protagonistas a los ecoactivistas que responden a intereses de las oenegés financiadas por el extranjero, judicializando los casos hasta las instancias internacionales y postergando la actividad económica del país. Además, nuestra soberanía sobre los sitios en conflicto quedaría reducida y a merced de autoridades supranacionales.

Todos estamos de acuerdo con la protección ambiental. Pero debemos regirnos de acuerdo a nuestras leyes, sin la injerencia política de personas o instituciones extranjeras que no guardan lealtades con los intereses peruanos.