¿Existe el Ministerio de Cultura?

El deterioro del patrimonio histórico en el Perú ya no es un problema silencioso. Es una evidencia visible que se cae a pedazos frente a la inacción del Estado. El Ministerio de Cultura del Perú ha terminado reducido, en la práctica, a un ente que declara monumentos, pero que no garantiza su conservación. Se protege en el papel lo que en la realidad se pierde día a día.

El caso de los templos de la Iglesia de Santa Liberata y la Iglesia de San Lázaro, en el histórico distrito del Rímac, es ilustrativo. Ambas edificaciones, de origen virreinal, forman parte del núcleo histórico de Lima y, sin embargo, presentan un estado de deterioro alarmante. No se trata de casos aislados, sino de síntomas de un problema estructural: la incapacidad estatal para pasar del reconocimiento formal a la acción concreta.

Algunos sostienen que la responsabilidad recae exclusivamente en la Iglesia Católica o en las órdenes religiosas a cargo. Pero ese argumento desconoce una realidad evidente: la restauración de estructuras con más de dos o tres siglos de antigüedad requiere inversiones millonarias, conocimientos técnicos especializados y una coordinación institucional que supera ampliamente las capacidades de cualquier organización privada. No se trata de pintar paredes, sino de preservar la historia.

Reducir este debate a una cuestión religiosa es, además, un error de enfoque. El patrimonio virreinal no pertenece únicamente a una confesión, sino a la historia del país. Forma parte de la construcción cultural del Perú, independientemente de las creencias individuales. Pretender que el Estado se desentienda bajo ese argumento equivale a renunciar a la protección de una parte esencial de la identidad nacional.

En ese contexto, el rol del Ministerio de Cultura del Perú debería ser claro: facilitar, coordinar y, cuando sea necesario, financiar procesos de restauración. Sin embargo, ocurre lo contrario. La institución no solo carece de capacidad de ejecución, sino que además levanta barreras burocráticas que dificultan la participación de actores privados o de la sociedad civil interesados en preservar estos inmuebles.

El resultado es un círculo vicioso: se declara patrimonio, se restringe su intervención y, finalmente, se deja que el tiempo y el abandono hagan su trabajo. Así, el Estado termina siendo espectador de la degradación de aquello que dice proteger.

El problema de fondo no es la falta de normas, sino la ausencia de gestión. El Perú cuenta con un vasto legado histórico que, lejos de ser aprovechado como activo cultural y económico, se deteriora por falta de decisión política. Cada edificio que se pierde no es solo una estructura menos; es memoria que desaparece.

La pregunta es inevitable: ¿seguirá el Estado limitado a certificar el valor histórico de los monumentos mientras estos colapsan? Porque, si esa es la lógica, la política cultural se habrá reducido a un ejercicio burocrático sin impacto real.

Preservar el patrimonio no es opcional ni accesorio. Es una obligación. Y cuando el Estado no la cumple, no solo falla en su función, sino que contribuye activamente a la pérdida irreversible de la historia.