¿Existen enemigos en la política?

La política peruana lleva años discutiendo si estamos “polarizados”, si “falta diálogo”, si “todos debemos encontrarnos en el centro”. En cambio, pocas veces se hace una pregunta incómoda de fondo: ¿existen enemigos en la política? La hegemonía bien sonante responde que no, que solo hay adversarios, intereses, disensos negociables; pero la experiencia del Perú nos obliga a decir otra cosa.

Carl Schmitt, en El concepto de lo político, lo formuló con una claridad que sigue irritando a la corrección contemporánea: lo específicamente político no se define por la distinción entre bueno y malo (eso es moral), ni entre verdadero y falso (eso es epistemología), ni entre rentable y ruinoso (eso es economía), sino por la distinción entre amigo y enemigo. No se trata de odio, sino de identificación: quién pertenece a la comunidad que queremos preservar y quién, por sus actos o proyectos, la pone objetivamente en riesgo. Perder esa distinción, advertía Schmitt, no trae paz; trae una violencia más difusa, sin nombres ni responsables.

Aplicar esto al Perú es incómodo porque nos confronta con una evasión sistemática. Llevamos cuatro décadas fingiendo que toda diferencia es adversarial, nunca enemiga; que toda amenaza es “dialogable”; que todo proyecto que se presenta en clave democrática merece el mismo estatuto moral. El resultado es un país incapaz de defender sus fronteras, de imponer el monopolio legítimo de la fuerza en su territorio, de proteger sus recursos y de sostener una idea fuerte de nación. 

Entonces, para responder con rigor a la pregunta “¿existen enemigos en política?”, hace falta precisar primero de qué hablamos cuando nos referimos a la nación. Aquí la entendemos como una comunidad de destino: lengua, historia, religión, paisajes compartidos, héroes, derrotas, símbolos, una forma concreta de ser y estar en el territorio. Herder la entendería como expresión del Volksgeist; Víctor Andrés Belaunde la asociaría a la “peruanidad”. Por lo tanto, es a esta comunidad a la que se debe lealtad absoluta, y no al Estado ni al gobierno de turno, que son totalmente distintos.

Desde allí, la distinción queda clara. Los adversarios políticos son aquellos quienes reconocen esa comunidad, aceptan sus componentes y disputan legítimamente el cómo gobernarla. Un aprista moderado, un socialdemócrata reformista, un liberal clásico o un conservador pueden chocar en casi todo y, sin embargo, compartir suelo común: todos quieren un Perú que siga existiendo como nación. Con ellos se debate, se pacta o se compite; no se les niega el derecho a gobernar si ganan.

En cambio, enemigo es aquel que niega ese suelo común o lo socava en los hechos. Quien milita en organizaciones que buscan fracturar el país en entidades étnicas o regionales incompatibles entre sí. Quien subordina sistemáticamente los intereses peruanos a lealtades externas —la internacional socialista, las élites globales, el narco transnacional—. Quien captura al Estado para convertirlo en botín o utilizarlo como medio para perpetuar el crimen. Quien trabaja, en suma, no para gobernar mejor la nación, sino para abolirla y destrozarla. Incluso Chantal Mouffe lo reconoce a su modo: no existe “nosotros” sin un “ellos”; todo proyecto político construye identidades colectivas que trazan fronteras. 

Ahora bien, la diferencia entre un realismo democrático sano y el totalitarismo está precisamente en cómo se trata al “ellos”. El totalitarismo confunde adversarios con enemigos y criminaliza todo disenso. No obstante, la propuesta de estas líneas es clara en sus intenciones: necesitamos separar con cuidado el trigo de la paja. Los adversarios deben estar plenamente protegidos en sus derechos, en cambio, los enemigos, identificados objetivamente por sus actos, tienen que ser enfrentados con los medios que el Estado de derecho permite.

En el Perú, esta distinción es urgente por una razón sencilla: sin claridad sobre quiénes son los enemigos, es imposible entender el proyecto político nacional que necesita el país. La llamada “unidad nacional” se ha usado como comodín para pedirle al ciudadano que abrace por igual al empresario que tiene fortuna gracias a la minería ilegal, al burócrata que firma contratos con el narco, al ideólogo que sueña con convertir al país en satélite de Caracas o La Habana, y al peruano de a pie que solo quiere trabajar en paz. Esa unidad es un fraude. No puede haber comunidad política sólida si se obliga a las víctimas a confundirse con sus depredadores.

La pregunta inicial, entonces, admite una respuesta sobria y necesaria: sí, en política existen enemigos. Negarlo no nos hace más democráticos; nos hace más vulnerables. El desafío de la próxima década será, precisamente, levantar una fuerza política capaz de nombrarlos sin odio, enfrentarlos sin complejos y, al mismo tiempo, tender la mano a todo adversario dispuesto a poner al Perú por encima de cualquier ideología. Solo así la palabra “unidad” volverá a significar algo más que un eslogan.