La agenda urgente y los equipos técnicos del Minsa

En los últimos días, luego de sus visitas a las oficinas y hospitales y de sus entrevistas con los medios de comunicación, el ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, ha señalado aspectos que ha encontrado, como la falta de liquidez, el atraso tecnológico, equipos médicos inoperativos y desabastecimientos de diversa índole. Asimismo, ha anunciado un plan para los primeros cien días, centrado en medicamentos, citas, operaciones, equipos, la continuación de las supervisiones inopinadas y las designaciones de su equipo cercano. Sin embargo, también ha señalado aspectos puntuales que emergen detrás de problemas estructurales que generan las deficiencias de acceso, calidad, oportunidad y resultados de la atención médica y de salud de la población.

El primer problema estructural es la debilidad del primer nivel de atención de salud. Los puestos y centros de salud, que deben resolver alrededor del 80% de las necesidades de la población, presentan una capacidad instalada inadecuada. Carecen de personal estable, de equipamiento básico, de medicamentos y de condiciones mínimas de funcionamiento. La Contraloría General de la República ha señalado que estas carencias alcanzan al 97% del total de establecimientos del primer nivel de atención. Por tanto, los pacientes se dirigen directamente a los hospitales e institutos, sea a través de los consultorios o de las emergencias, con lo que los saturan, generan colas o listas de espera prolongadas y un uso ineficaz e ineficiente de los recursos. Como es obvio, solo ordenar las citas o programarlas mejor con el uso de la tecnología no resuelve el problema estructural. La medida principal, que trasciende a una gestión ministerial, es reorientar de manera decidida el presupuesto, el personal y la inversión hacia el fortalecimiento integral del primer nivel de atención, con un modelo que articule en red a todos los actores prestacionales, públicos, privados y mixtos, para lograr una adecuada capacidad resolutiva en promoción, prevención y detección precoz de las enfermedades, control y seguimiento de las enfermedades crónicas, atención de urgencias simples y enfermedades poco complejas, así como la intervención en los determinantes sociales de la salud. Es decir, fortalecer el proceso de conformación de las Redes Integradas de Salud y con la continuidad del funcionamiento de los Comités Distritales de Salud a nivel nacional.

El segundo problema estructural es el déficit y la ineficiente distribución de los recursos humanos en general y de los médicos especialistas en particular. El país necesita aproximadamente 16 mil médicos especialistas adicionales y cuenta con una densidad de médicos muy inferior a los promedios regionales e internacionales. Lima concentra la mayor parte de los profesionales, mientras que las regiones de la Amazonía y de la sierra presentan una escasez crítica. A ello se suma la precariedad laboral, con un alto porcentaje de contratos temporales, y la severa crisis en el Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (Serums), que deja cada año a miles de profesionales sin plazas. Por ejemplo, en 2026 se han presentado más de 38,000 profesionales para 7000 plazas. Más de 31,000 profesionales que quedaron fuera del Serums tienen impedimento para trabajar como profesionales de la salud en el sector público.

En esa línea, es necesario aumentar las plazas para la especialización profesional (residentado), no solo bajo el programa del Estado, sino también mediante otros mecanismos, con el mismo nivel de exigencia y calidad. Por el momento, mientras se modifica la normatividad, se necesita triplicar las plazas de residentado médico financiadas por el Estado, crear incentivos económicos y de permanencia para las zonas de la sierra y la selva o los lugares más críticos, así como fortalecer la formación de médicos de familia y comunitaria. También se deben ampliar las plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal (Serums), con contrato laboral y remuneración adecuada, y eliminar las barreras que impiden la inserción laboral de aquellos profesionales que no logran ocupar una plaza a cargo del Estado en el Serums.

El tercer problema estructural es la fragmentación y segmentación del Sistema Nacional de Salud, que obliga a que se atienda a distintas poblaciones con reglas, presupuestos, redes de prestadores y sistemas de información diferentes. Esta división genera duplicidad de esfuerzos, ineficiencias, desigualdad territorial y barreras para la continuidad de la atención. Por tanto, es necesario fortalecer el Consejo Nacional de Salud para avanzar hacia un sistema unificado mediante las Redes Integradas de Salud, para avanzar hacia la Seguridad Social Universal con un conjunto común de prestaciones de salud de calidad y con fuerte énfasis en la atención primaria y la implementación de la Política Multisectorial de Salud «Perú País Saludable al 2030», cuyos Productos Situacionales son las intervenciones sobre los determinantes sociales de la salud. Esta tarea implica consolidar la coordinación entre el Minsa, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las demás instituciones y sectores de los territorios a través de los Comités Distritales de Salud. El riesgo mayor es interrumpir la Política Multisectorial de Salud en marcha.

El cuarto problema estructural es el desabastecimiento y las falencias en la selección y gestión de la cadena de suministro de medicamentos e insumos. Aunque las existencias han mejorado en algunos periodos, persisten faltantes de algunos productos de uso continuo y también una distribución desigual entre las regiones. Mientras se modifica la normatividad para permitir destrabar, desburocratizar y promover el mercado de medicamentos, no solo para la importación, sino también para la fabricación nacional, es indispensable que, para las compras, se modifique el método de programación en función de la demanda real proyectada, para iniciar los procesos de compra apenas se apruebe el presupuesto nacional, así como fortalecer la capacidad logística del Centro Nacional de Abastecimiento en Salud (Cenares) y establecer mecanismos ágiles de redistribución entre establecimientos. La simple mejora de procesos es insuficiente. Para el rubro de medicamentos, destrabar, desburocratizar y transformar mediante una nueva normativa es esencial. Algo similar ocurre con la salud ambiental y la inocuidad alimentaria.

El quinto problema estructural es la informatización y la falencia en la interoperabilidad de los sistemas de información. A pesar de los avances en la estandarización informática y la agenda distrital, con la Historia Clínica Electrónica (Sihce), el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (Renhice) y los Conectatones en interoperabilidad, la gestión de citas y los datacenter, más de la mitad de los establecimientos del Ministerio de Salud y las regiones no cuentan con acceso a internet, los procesos siguen dependiendo en gran medida del papel y existe la tendencia a promover «islas informáticas» en las regiones y en los hospitales. Esta situación impide el monitoreo en tiempo real de pacientes, medicamentos, personal y resultados. Imposibilita el intercambio prestacional y la «compraventa de atenciones médicas», la complementariedad entre el sector público y el privado y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud. Las medidas prioritarias incluyen acelerar la conectividad de todos los establecimientos, masificar la historia clínica electrónica interoperable bajo estándares comunes, unificar los sistemas de información y destinar presupuesto suficiente para equipamiento, capacitación y mantenimiento tecnológico. El riesgo mayor es empezar todo de cero.

El sexto problema estructural es el débil desempeño en salud pública y prevención. Las coberturas en algunos tipos de vacunas han retrocedido de manera significativa, la detección de enfermedades como el cáncer se produce en estadios avanzados y persisten altas prevalencias de anemia, tuberculosis y otras enfermedades prevenibles. El Modelo de Cuidado Integral (MCI), que es la esencia de las Redes Integradas de Salud, aún no aterriza plenamente en los territorios. Al contrario, se prioriza la parte curativa y la función del hospital. Es necesario priorizar la atención a las personas sanas para detectar enfermedades en etapas tempranas (detección precoz), fortalecer las intervenciones sobre los determinantes sociales de la salud (agua, saneamiento, nutrición, educación, entre otros) y consolidar la política multisectorial de salud con participación de los Comités Distritales de Salud bajo el liderazgo de los alcaldes distritales.

El séptimo problema estructural es el financiamiento insuficiente e ineficiente. Aunque el presupuesto ha aumentado, el gasto público en salud como porcentaje del producto bruto interno (PBI) sigue por debajo de los estándares regionales y de las recomendaciones internacionales. Además, una proporción creciente se destina a planillas y gasto corriente, dejando un margen limitado para inversión, mantenimiento y operación. Es el momento de establecer las prioridades, porque, a fines de agosto, se presentará al Congreso el Proyecto de Presupuesto Público para 2027. ¡Trabajar para reformar!