La delincuencia no se infiltró: el Estado le abrió sus puertas

La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado no puede limitarse únicamente a la persecución de los delitos una vez consumados. Existe una realidad mucho más compleja y preocupante que las sociedades suelen resistirse a reconocer: el crimen organizado, por naturaleza, busca infiltrarse en las instituciones encargadas precisamente de combatirlo. Allí donde existe poder, capacidad de decisión, acceso a información privilegiada o facultad de coerción, la criminalidad organizada intentará establecer mecanismos de influencia, corrupción o penetración.

En el Perú esta amenaza no es una hipótesis académica ni una posibilidad remota. Se trata de un fenómeno que compromete, en distintos niveles, a instituciones esenciales para la administración de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y, de manera particular, a la Policía Nacional del Perú, que constituye el primer y más importante eslabón de la cadena de seguridad y persecución penal.

Empero, resulta indispensable reconocer una verdad incómoda: en el caso específico de la Policía Nacional, ha sido el propio Estado, a través de décadas de permisividad, relajamiento institucional y abandono de estándares rigurosos, el que ha abierto espacios para la infiltración de elementos incompatibles con la función policial.

Hubo un tiempo en que el ingreso a la institución policial no dependía únicamente de aprobar exámenes o presentar certificados de antecedentes penales y judiciales. La evaluación del postulante era mucho más profunda y rigurosa. Se investigaba minuciosamente su entorno familiar, su comportamiento social, sus relaciones personales, la percepción de sus vecinos, sus amistades, sus antecedentes de conducta cívica y su reputación dentro de la comunidad. La institución entendía que quien aspiraba a vestir el uniforme policial no solo debía acreditar conocimientos o aptitudes físicas, sino, sobre todo, solvencia moral y vocación de servicio.

Lamentablemente, muchas de estas prácticas fueron abandonadas hace décadas. La flexibilización de los procesos de selección, sumada a la ausencia de controles posteriores efectivos y a la progresiva desvalorización de la carrera policial, ha permitido el ingreso de personas cuya conducta y trayectoria personal resultaban incompatibles con la alta responsabilidad que implica representar la autoridad del Estado.

Las consecuencias son hoy evidentes y penosas. Cada vez con mayor frecuencia, la sociedad observa casos de efectivos policiales involucrados en delitos comunes, actos de corrupción, organizaciones criminales y conductas propias de quienes deberían ser precisamente objeto de persecución policial. Se trata de situaciones particularmente graves porque no involucran a ciudadanos comunes, sino a personas investidas de autoridad, portadoras del uniforme y de las insignias que el Estado les confiere como expresión de su poder legítimo.

Por ello, la discusión sobre la reforma policial no puede limitarse a la adquisición de equipamiento, incremento presupuestal o modernización tecnológica. La reforma debe comenzar por recuperar el rigor institucional perdido. Es indispensable establecer mecanismos exhaustivos de evaluación e investigación de antecedentes personales, familiares y sociales de quienes aspiran a integrar la institución policial. No se trata de nostalgia por prácticas del pasado, sino del reconocimiento de que determinadas exigencias existían porque responden a una necesidad real: preservar la integridad moral de quienes ejercen la autoridad pública.

Pero existe también otro aspecto que merece una reflexión igualmente profunda. El Estado ha permitido, durante años, un progresivo deterioro del principio de autoridad. En nuestro medio, con preocupante frecuencia, el policía es insultado, humillado, agredido físicamente y despojado de la consideración institucional que debería acompañar a quien representa al Estado frente a la ciudadanía. Lo más grave es que tales conductas suelen quedar impunes o reciben respuestas insuficientes de las propias autoridades.

No debemos perder de vista un hecho sustantivo: el policía no actúa únicamente en nombre propio. El uniforme que viste y las insignias que porta no le pertenecen a él como individuo; son símbolos del poder público y de la autoridad que el Estado le delega para garantizar el orden, la seguridad y la convivencia democrática. En consecuencia, agredir a un policía, insultar a un policía o desconocer arbitrariamente su autoridad constituye, en esencia, una agresión contra el propio Estado y contra el orden jurídico que sustenta la convivencia social.

Una sociedad que tolera la infiltración criminal en sus instituciones y que, simultáneamente, permite el debilitamiento sistemático de la autoridad legítima, termina erosionando las bases mismas del Estado de derecho. Recuperar la integridad de la Policía Nacional exige, por tanto, dos decisiones simultáneas e impostergables: cerrar definitivamente las puertas a la infiltración criminal mediante procesos rigurosos de selección y control, y restituir plenamente el respeto y la protección institucional que merece quien, correctamente investido, representa la autoridad del Estado ante la sociedad.

Ninguna democracia puede sobrevivir si quienes deben proteger el Estado terminan siendo infiltrados por el crimen. Y tampoco puede consolidarse si el propio Estado renuncia a defender a quienes lo representan.