Asamblea Mundial de la OMS, conflictos y soberanía nacional

Desde el 18 hasta el 23 de mayo se está realizando en Ginebra la 78° Asamblea Mundial de Salud, en la que 194 Estados miembros negocian las reglas del sistema sanitario mundial. Perú tiene una delegación en la que participan el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Relaciones Exteriores; ha viajado el propio ministro de Salud para participar en los aspectos más relevantes de la extensa agenda. El Ministerio de Relaciones Exteriores se ocupa no solo de la logística diplomática, sino que enmarca el posicionamiento estratégico del país, la negociación y la política, dadas las actuales circunstancias en que la salud global ha dejado de ser solo un asunto técnico y científico aislado para convertirse en un espacio de poder en que se definen la soberanía, el acceso a tecnologías y la posición estratégicas de los países. 

La agenda incluye, en primer lugar, la discusión y aprobación del Acuerdo sobre Pandemias. No solo se trata de la obligación de “compartir patógenos y vacunas o transferencia tecnológica,” sino que el texto beneficie al Perú. Las negociaciones están estancadas desde 2024. Esta semana en la Asamblea General de la OMS se intenta concluir en un acuerdo antes de que el mandato negociador expire. Este Acuerdo sobre Pandemia tiene el Anexo PABS (Pathogen Access and Benefit-Sharing) que es la parte más controversial porque plantea que si un país comparte patógenos debe recibir a cambio beneficios concretos como vacunas, tratamientos, transferencia de tecnología y financiamiento, aunque todavía se evidencia la resistencia de algunos países desarrollados. El argumento es que la experiencia del covid-19 no debería repetirse.

En segundo lugar, está en agenda el Reglamento Sanitario Internacional, que señala la obligatoriedad de los reportes de brotes, restricciones de viajes y estándares de vigilancia. Pero estas obligaciones no deben ser unilaterales, porque se necesita contar con el apoyo técnico y financiero para que no se conviertan en una carga en beneficio de terceros países. En esa línea, se debate sobre la soberanía de los países y sobre cuál debe decidir la información que se comparte y en qué momento. Implica, además, el ejercicio del poder a nivel mundial, que estaría en manos de la OMS o de quienes la financian, como países, corporaciones, asociaciones, etc. Esta norma internacional redefine los conceptos de equidad y de justicia. Además, la posición de Perú debe tomar en cuenta que la Amazonía es un reservorio zoonótico, que tiene agricultura de exportación, que mantiene aún, un sistema de salud fragmentado y segmentado y que depende de la importación de vacunas y tecnología sanitaria. 

En tercer lugar, se encuentra el Plan de Acción de Resistencia a Antimicrobianos (RAM) que es el marco jurídico mundial para reducir la resistencia a los antimicrobianos. La resistencia a antimicrobianos se produce cuando los microorganismos mutan o adquieren genes que les permiten sobrevivir al efecto de estos medicamentos. Es un serio problema de salud pública, causan más muertes que muchas enfermedades infecciosas y su uso intensivo e irracional, no solo en medicina humana, sino en la ganadería, la agricultura, la industria y otras actividades, incrementan esa resistencia a antimicrobianos. En ese sentido el Plan contiene compromisos de reducción de antibióticos, por ejemplo, en agricultura, que obliga al Perú a actuar con cautela y objetividad, a negociar plazos realistas. En esa línea existen compromisos de vigilancia, de prevención de infecciones, de uso prudente de antimicrobianos y de financiamiento sostenible en salud, ganadería y medio ambiente. 

En cuarto lugar está en agenda el Código de Práctica sobre reclutamiento de personal de salud, es decir, se plantean reglas para evitar la fuga de médicos y enfermeras a países ricos, con la finalidad de proteger la “inversión en formación de recursos humanos” o si ocurriera, exigir compensaciones a cambio. Este Código, es controversial. Por un lado, el Estado podría recuperar la inversión y utilizar a los profesionales para resolver las brechas insatisfechas de salud, sin embargo, la realidad es que no hay plazas, el gobierno no invierte en recursos humanos. Hay ausencia de salarios dignos, escasas condiciones laborales, limitaciones para la especialización profesional, falta de protección y seguridad social y personal, entre otros. Las empresas privadas, se guían por las tarifas o sueldos de los profesionales que paga el sector público. Es decir, cualquier restricción a la emigración médica y de profesionales de la salud es contraproducente, porque desmotiva, da la sensación de “trabajo forzado”, es ilegal porque viola la libertad y el derecho a la libre circulación y es una medida ineficaz porque fortalece las “injusticias del sistema”. Pero sobre todo, es inmoral porque castiga a las víctimas. Al contrario, se debería mejorar el Sistema Nacional de Salud para que los profesionales prefieran voluntariamente quedarse en el Perú, ya que son necesarios. Además, esa regulación de la migración no afecta a otras profesiones o a ningún otro grupo ocupacional. 

En quinto lugar, está el financiamiento de la OMS. Como se sabe, OMS depende en un 80% de donaciones voluntarias que provienen de países ricos y de fundaciones. Eso da pie a que “los donantes” tengan la capacidad de decidir las prioridades, en detrimento de otros Estado miembros, o de aquellos que sufren debido a sus brechas sanitarias. En ese contexto, se debate aumentar las cuotas obligatorias de los Estados miembros, para reducir el impacto de los donantes. También, la creación de un fondo de preparación para las pandemias, incluso, la creación de impuestos globales para la salud. En ese sentido, la imaginación es amplia, como por ejemplo, a las transacciones financieras, al carbono o al turismo, entre otros. 

En sexto lugar, está en agenda fortalecer el rol de la OMS, porque al lado suyo, en modo fragmentado, trabajan GAVI (vacunas), CEPI (investigación de pandemias), Fondo Mundial (VIH, tuberculosis, malaria), UNICEF, Banco Mundial, entre otros, sin coordinación, con superposición y falta de liderazgo. Las recomendaciones de la OMS ejercen un “poder débil” sobre los Estados, por eso, se debate la creación de un Consejo de Seguridad en Salud, similar al Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, con carácter obligatorio y vinculante. Contrario al fortalecimiento en debate, se encuentra la situación de Estados Unidos y Argentina, que formalmente se han retirado de la OMS. Desde la notificación del retiro la OMS otorga un año para formalizarlo, en el caso de Estados Unidos se invocó "mala gestión de la pandemia, influencia china y soberanía sanitaria" y en enero del 2026, ya se ha realizado el retiro formal y completo; mientras que Argentina argumentó "ineficiencia, ideologización y defensa de la soberanía nacional frente a la burocracia global" y su retiro ya es formal y completo desde marzo del 2026. Es obvio que ambos retiros fortalecen dentro de la OMS el peso de Asia y Europa, aunque en general fragmentan la gobernanza en las Américas, y debilitan el financiamiento global de la OMS. 

La participación del Perú en la Asamblea Mundial de Salud es compleja, ya que es una asamblea de ausencias y reconfiguraciones, por tanto, debe dejar de ser un espectador, según las improvisaciones del Minsa, para convertirse en un actor, con un mayor involucramiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso, con la creación en su seno, de una comisión exclusiva para Salud Global. !El cuidado de la salud es un acto soberano!