Cuarenta años después: Alan García y los Mirage 2000 (I)

“Una nación que olvida su pasado, no tiene futuro” (Winston Churchill).

A propósito de la artera provocación que armó recientemente por nuestra frontera común, el comunista y ex(¿?)guerrillero Gustavo Petro, presidente de Colombia –para desgracia de millones de colombianos– los peruanos deberíamos aprovechar esa majadería roja para reflexionar concienzudamente sobre lo que implica la seguridad y la defensa nacional. Siguiendo esa premisa, puede sostenerse que la historia sirve para cosas muy importantes, y una de ellas, qué duda cabe, es extraer lecciones que permitan corregir errores y enmendar rumbos. 

Otra de las utilidades que tiene la historia es aquella que radica en la ayuda que brinda para fomentar el pensamiento crítico. Pero para ello se le debe abordar íntegramente, y no solo mirar –como en el caso peruano reciente– lo que a algunos les gusta llamar épocas de milagros, que más bien resultan espejismos dorados, en razón de los niveles altísimos de desnutrición infantil y bajísimos de educación que caracterizan al Perú. 

Siguiendo esa idea, hace 40 años, el ex presidente Alan García Pérez –lamentablemente fallecido en circunstancias que no han sido hasta hoy debidamente esclarecidas y que incluso tendrían que ver con el abuso de autoridad– estada en su segundo mes de Gobierno. Don Alan se encontró con un país con muchas dificultades de diferente índole, las más saltantes: la violencia terrorista y la crisis económica. 

Pese a ello, ese primer Gobierno aprista no hizo más que empeorar las cosas, llevándolas hasta niveles estratosféricos en razón a su ineptitud galopante, a su mediocridad tarjetera y a su escandalosa corrupción, la que nunca fue debidamente investigada. Tengo la convicción que, de haberse llevado a los tribunales despolitizados y profesionales, a tantos sonados casos –hoy convenientemente olvidados– hubiésemos visto desfilar a la cárcel a muchos personajes de nada grata recordación, seguramente tantos como los que ahora somos testigos, para deshonra de nuestra Patria. 

El presidente don Fernando Belaunde con sus ministros de Guerra, Marina y 
Aeronáutica en el lugar conocido como Falso Paquisha, donde izó el pabellón nacional,
1981.

También es bueno recordar la unificación, en 1988, de las tres fuerzas policiales –destruyendo su identidad y afectando sustantivamente especializaciones construidas por generaciones de guardias civiles, republicanos e investigadores del crimen, los llamados PIP– en lo que conocemos como PNP, con lo que creo se hizo un daño incalculable al orden interno del país. Es un tema que abordaré en otro artículo y cuyas secuelas las sufrimos hoy los peruanos tantos años después, como suele suceder en este tipo de decisiones. 

El mariscal de la paloma

En estas líneas analizaré un episodio que a mi entender –por su gravedad– debe ser siempre tenido en cuenta, porque precisamente constituye una lección que nos ha dejado la historia y que no ha sido debidamente aprendida aún. Me refiero a la frustrada adquisición en 1985, de 26 cazas de combate Mirage-2000 y sus sistemas de armas completos para la Fuerza Aérea del Perú, contratados por el gobierno del presidente Belaunde con el gobierno francés, reduciéndolos a 12 aviones, sin que existiese ninguna evaluación estratégica ni técnica, decisión motivada por la demagogia o los fines subalternos. 

En efecto García, en un acto de irresponsabilidad, decidió reducir la adquisición de los cazas de combate M-2000 a 12 unidades, sin armamento. Esta reducción fue hecha en muy extrañas circunstancias, con la presunta intervención de un conocido traficante de armas de la época como se recordará. La irresponsable decisión fue concertada semanas antes de que el entonces joven García asumiese la presidencia de la República, y por supuesto sin que hubiese mediado una apreciación de parte de los organismos de seguridad nacional sobre la conveniencia –o no– de tal decisión. 

No tengo duda de que cualquier analista de inteligencia junior le hubiese recomendado al presidente electo lo contrario, principalmente porque el Perú acababa de estar en guerra con Ecuador, apenas unos años atrás (1981), en el llamado conflicto conocido como de la Cordillera del Cóndor. 

En la referida acción de armas nuestras FF.AA. expulsaron prontamente a las tropas ecuatorianas de territorio nacional en torno a un punto geográfico al que se denominó Falso Paquisha. Pese a ello, el asunto no quedó zanjado ya que Ecuador se mantuvo recalcitrante en su posición de considerar la “inejecutabilidad” del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y porque el Perú –teniendo el poder militar a su favor– no exigió con la debida firmeza el cierre definitivo de la frontera mediante el término de la colocación de hitos faltantes, lo cual estaba pendiente de completar. 

Mirage 2000 en pleno vuelo de entrenamiento

La situación descrita líneas arriba dejaba la puerta abierta a nuevos incidentes fronterizos con el vecino país del norte, como así sucedió. 

¿Qué hizo entonces Ecuador? prepararse con la debida anticipación para el próximo conflicto que habría de provocar en el momento que le fuere propicio. Una de las principales medidas que adoptó el poder político ecuatoriano fue adquirir en 1982, doce aviones Kfir C-2 israelitas (Israel Aircraft Industries Kfir) luego de haber incorporado Mirage franceses a su Fuerza Aérea. El Kfir era en esa época uno de los más sofisticados y poderosos cazas de combate, y fue diseñado por una empresa israelí para reemplazar a partir de 1973, a los cazas franceses Mirage III que empleaban las Fuerzas de Defensa Israelíes.

Mientras tanto al otro lado de la frontera, previsoramente el poder político peruano decidió potenciar su capacidad de defensa en el aire a fin de mantener la superioridad en todos los espacios aéreos propios, para lo cual firmó los contratos llamados Júpiter I y II mediante los cuales el Perú adquiría 26 cazas de combate Mirage 2000, lo cual le aseguraba la respectiva superioridad, previsión quebrada irresponsablemente, por decir lo menos, por el gobierno aprista. 

El Perú, en vez de preocuparse por conservar la ventaja estratégica, hizo lo contrario al Ecuador, que sostuvo sus objetivos políticos, dotando a sus FF.AA. de los elementos necesarios para conseguirlos. ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿Ignorancia, torpeza o traición? 

Y como que no había necesidad de ser clarividente para vaticinarlo, para 1991 volvíamos a tener un enfrentamiento con Ecuador, que, si bien fue resuelto por canales diplomáticos con el acuerdo que se denominó “Pacto de Caballeros”, que resultó un paliativo o más bien una estratagema ecuatoriana para continuar preparándose militarmente, puesto que cuatro años después –es decir, tan solo a 10 años del miserable despropósito de reducción del poder aéreo del Perú– estábamos en guerra nuevamente con Ecuador. 

También es cierto que el “Pacto de Caballeros” fue un campanazo para el cual el gobierno de Alberto Fujimori, que este no escuchó, aunque evidentemente la situación económica del Perú de 1991 era mucho peor que la de 1985. Volvíamos a caer en lo mismo: ingenuidad o avieso entreguismo en aras de un pacifismo estéril y huérfano de realismo.

Sucedió lo previsible y que mucho se advirtió. La falta de atención al frente externo, acentuada en el gobierno de García y continuada por Fujimori, además de los problemas en el frente interno, animaron al presidente Sixto Durán Ballén, cuyo Gobierno no tenía los vientos a su favor, a atacar al Perú. Hoy Petro está en situación similar y por eso lanza su absurda provocación. 

Ese nuevo enfrentamiento militar en la frontera norte, trajo como consecuencia la pérdida de muchas vidas de compatriotas y la violación flagrante de nuestro territorio en la llamada guerra del Cenepa de 1995. 

La ausencia en ese conflicto de los 14 cazas M-2000 con todo su armamento –los 12 restantes tampoco fueron dotados convenientemente– y que habían sido proyectados para mantener el equilibrio estratégico en esta parte de la región, tuvieron sensible efecto en contra de los intereses nacionales. No importaron en la decisión del Gobierno los criterios geoestratégicos ni los del poder combatiente relativo en el entorno de seguridad de nuestro país, cuyo resultado debía garantizarnos una considerable ventaja. 

No se hizo así, pese a que aquellas y otras adquisiciones habían sido planificadas y sustentadas ante el Gobierno del arquitecto Belaunde oportunamente, y determinadas como convenientemente necesarias para la defensa nacional. La administración aprista no entendió que la defensa nacional no se hace posible con los aplausos populacheros de platea. 

Lo dicho no es una simple interpretación, es una realidad concreta. El poder combatiente relativo a nuestro favor, hubiese evitado la agresión del norte. O de repetirse en 1995 la aventura estéril de 1981, Ecuador hubiese obtenido la misma respuesta militar contundente de ese año, con mínimo de costo de vidas para nuestro país. Hubiese ido por lana y, otra vez, habría vuelto trasquilado.