Cusco, Hospital Antonio Lorena, corrupción y rescate

En Nota de Prensa del Programa Nacional de Inversiones (Pronis) del Ministerio de Salud (Minsa), del 20 de junio del 2026, se anuncia que el “Hospital Antonio Lorena culmina su infraestructura y equipamiento con una inversión superior a los S/ 1,059 millones. El moderno establecimiento beneficiará directamente a más de medio millón de habitantes… y es uno de los hitos más importantes para la salud pública del país”. Se resalta que “el hospital, de nivel III-1, cuenta con 523 camas (incluyendo UCI pediátrica y neonatal), más de 49,000 m², 48 consultorios, 7 salas de operaciones y tecnología de vanguardia, como resonador magnético de 3 Tesla (primero en el sur del país), tomógrafo de 320 cortes, acelerador lineal para oncología, braquiterapia y equipamiento de países como Alemania, Japón y EE.UU. (más de 19,000 equipos biomédicos)”, entre otros. 

Un aspecto que Pronis ha enfatizado es el mecanismo de contratación Gobierno a Gobierno con Francia, que permitió rescatar la obra paralizada. En ese marco se realizó la  ceremonia del 20 de junio, liderada por el presidente José María Balcázar, el ministro de Salud, la ministra de la Mujer, el gobernador Regional del Cusco y el de Arequipa y la embajadora de Francia en Perú, Nathalie Kennedy. Según el Diario Oficial el Peruano, “el presidente señaló que su gestión trabaja incluyendo a los hermanos del sur con obras como no se habían hecho antes. Agradeció el trabajo coordinado con las autoridades cuzqueñas, con la empresa privada y el gobierno de Francia para hacer realidad la nueva infraestructura del hospital Lorena”. 

Sin embargo, el Frente de Defensa del Hospital Antonio Lorena del Cusco “expresó su preocupación y rechazo ante la convocatoria realizada por el Gobierno Regional del Cusco para efectuar una celebración masiva en torno a una obra hospitalaria que aún no reúne las condiciones necesarias para su funcionamiento integral”. También señaló que “de acuerdo con la información oficial proporcionada por el Pronis el 11 de junio del 2026, la obra aún presenta importantes brechas”: la infraestructura registra un avance del 98%, el equipamiento alcanza apenas el 82%, la capacitación del personal recién se encuentra en etapa inicial y, además, no existe presupuesto asignado para la contratación de personal indispensable para el mantenimiento del establecimiento. 

Asimismo recordó que la fecha oficial de culminación total del proyecto ha sido fijada para el 17 de julio del 2026. Según esa denuncia del Frente de Defensa, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito del Cusco, ha abierto un procedimiento preventivo por 90 días por la presunta inauguración irregular o “estafa social” por la ceremonia del 20 de junio del 2026. Aún cuando, la ceremonia no ha inaugurado nada, sino, que solo ha servido para dar cuenta de los avances, como ha sido la culminación de la obras de infraestructura y equipamiento, aunque esto último también es cuestionado.

La fanfarria y la grandilocuencia de los altos funcionarios, con muy breve paso por el gobierno, quizá se explique por el deseo de reconocimiento en detrimento de los anteriores funcionarios y de los futuros, que con legitimidad tendrán a cargo su inauguración, pero como es obvio, cuando esté listo para funcionar. Peor aún, los altos funcionarios no tomaron en cuenta la enorme conflictividad que han tenido que sortear en su momento el Minsa y el Pronis para rescatar, destrabar y poner en marcha el Proyecto con participación y fiscalización social, hasta llegar al punto de estar próximos a inaugurar. 

Las autoridades, durante la ceremonia, resaltaron que es una obra esperada, pero la población cusqueña sabe que la demora hasta la fecha es de 13 años y que detrás ha habido, desde el inicio (2012), corrupción que forma parte de los casos “Lava Jato”, que generó sobrecostos, retrasos crónicos y paralización. En ese sentido, los colaboradores eficaces de la empresa involucrada confesaron coimas por 15 a 16 millones de soles.

Recién el 2019 el Minsa asumió la conducción del proyecto del Hospital Antonio Lorena mediante un convenio interinstitucional con el Gobierno Regional de Cusco. Esto marcó el inicio del “rescate técnico” de la obra, que posteriormente se ejecutó a través del Pronis (unidad ejecutora del Minsa) bajo la modalidad de contratación Gobierno a Gobierno con Francia (contrato firmado en junio de 2020). Es decir, hasta el 2019 la unidad ejecutora estaba a cargo del Gobierno Regional de Cusco. Además, desde el 2020, empezó la ejecución plena, bajo la conducción del Pronis, con los estudios, el saldo de obra y el equipamiento, entre otros. No hay que soslayar, que es la evidencia del fracaso previo del gobierno regional, y sobre todo, del alto costo de tomar medidas correctivas.

El Hospital Antonio Lorena del Cusco, simboliza tanto el potencial de inversión pública como las consecuencias devastadoras de la corrupción, la mala gestión y las falencias del proceso de descentralización. El rescate por parte del Pronis salvó la obra, sin embargo, no ha podido evitar los altos costos, los retrasos y la ausencia de responsabilidad de los actores involucrados de entonces, tanto del gobierno regional, nacional y de la empresa, es decir, no ha borrado el legado del caso Lava Jato. En ese contexto, la lección aprendida es, en primer lugar, fortalecer la fiscalización temprana, concurrente. Pero además, la Contraloría General de la República  y el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), según la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley 32069), debe acompañar, capacitar, modernizar y garantizar que el sistema de contrataciones funcione de manera eficiente. 

En segundo lugar, es necesario fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, otra vez, el Organismo Especializados para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), ahora tiene las herramientas para evitar la opacidad del proceso. Además, toda la información debe ser pública y con posibilidad de su trazabilidad digital en tiempo real. El escrutinio y la participación social es imprescindible para la rendición de cuentas. 

En tercer lugar, se debe aplicar sanciones efectivas a empresas corruptas, el ejemplo del Hospital Antonio Lorena de Cusco, ha demostrado que la colaboración eficaz ha sido útil, pero no se ha acompañado de inhabilitaciones firmes, ni de recuperación de fondos. No ha habido disuasión ante la corrupción. En esa línea es un avance, que ahora el OECE tenga la facultad de remitir indicios de delito al Ministerio Público. 

En cuarto lugar, se debe realizar una planificación operativa integral, con presupuesto adecuado y sostenible y con mecanismos de gestión ágiles y modernos, que protejan la inversión con un adecuado mantenimiento y óptima oferta de servicios de salud a los ciudadanos. En quinto lugar, la mala experiencia exige mejorar o replantear el proceso de descentralización. Aun no se ha iniciado el funcionamiento del hospital y ya hay quejas por contratos de personal. No se deberían reproducir las anomalías del pasado. La población cusqueña espera y merece su funcionalidad plena. A estas alturas, Cusco ya no está en condiciones de celebrar hitos ceremoniales. ¡Atención médica y de salud, ya!