Cuestionan derechos de servidumbre en Tía María

Los derechos de servidumbre otorgados al proyecto de cobre Tía María están en proceso de investigación en el Ministerio Público (MP) de Arequipa. El movimiento antiminero ha cambiado su estrategia. Ahora cuestiona el proyecto de cobre por el derecho de paso y uso de terrenos que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) otorgó a la concesionaria para sus operaciones. Las denuncias vinculadas a los temas ambientales han sido dejadas de lado.

La estrategia del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, era anular la concesión para que el Consejo de Minería (CM) no ratifique la licencia de construcción del proyecto Tía María por la ausencia de derechos de paso. Cáceres anuló la resolución mediante la cual la gestión anterior –de Yamila Osorio– le concedió a la minera 49 hectáreas en calidad de servidumbre en la parte alta y desértica de Las Pampas de Cachendo, pero ahora se dice que esa zona se caracteriza por la riqueza de su flora y fauna. El jefe de Ordenamiento Territorial del GRA, Rolando López, llegó incluso a señalar que la minera sería desalojada como cualquier otro invasor de terrenos. 

Cáceres ha sido denunciado penalmente, por abuso de autoridad, por la minera Southern por haber cancelado arbitrariamente el derecho de servidumbre otorgado por Osorio. El gobernador de Arequipa retrocedió y, como ya se sabe, el Consejo de Minería (CM) ratificó la licencia de construcción de la mina Tía María. 

La estrategia del movimiento antiminero en Arequipa ha cambiado. La huelga indefinida contra Tía María en la provincia de Islay, en la práctica no existe. Los pobladores han reanudado sus actividades con normalidad. No obstante, subsisten las amenazas y presión contra los ciudadanos por parte de los piquetes antimineros, organizados por los sectores vinculados a la izquierda radical. Según las autoridades del GRA, ligadas estrechamente al movimiento antiminero, se decidirá por la vía judicial si los derechos de servidumbre otorgados a la minera corresponden o no. Ahora una Asociación Pro Vivienda Integral Productiva (Aprovit) pretende obtener derechos de posesión –por parte de la autoridad regional– en Las Pampas de Cachendo y Chical.

El círculo antiminero no puede sostener más el relato de la contaminación ambiental que provocará el proyecto de cobre Tía María. Los radicales izquierdistas subestimaron groseramente a la población. Cada día está más claro que la producción de cobre mediante el sistema de lixiviación es la más amigable con el medio ambiente. No produce relaves y no consume cantidades mayores de agua. El cuento de las filtraciones es una estafa. Las canchas de lixiviación son protegidas por geomembranas para impedir cualquier filtración.

Además, entre el valle de Tambo, a 100 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y las canchas donde se procesará el mineral (1,050 m.s.n.m.) existe una distancia de 11 kilómetros. Los polvos de las operaciones mineras no son una amenaza para la agricultura por la distancia entre la mina y el valle de Tambo. Asimismo, Tía María prevé iniciar la extracción del mineral cuando la profundidad del tajo abierto (open pit) sea de 150 metros. El agua no es un problema para los agricultores, pues saben que Tía María construirá una planta desalinizadora y empleará agua de mar en sus operaciones. 

El movimiento antiminero será derrotado en todas las líneas cuando el Poder Judicial reafirme los derechos de servidumbre otorgados a la minera en Las Pampas de Cachendo. En este contexto, es bastante probable que la izquierda antisistema, acantonada en el sur con el fin de detener la producción de cobre, radicalice su posición. La disyuntiva del Ejecutivo es hacer respetar el orden de las leyes o ceder a las presiones de pequeños grupos que, con intenciones políticas, se han propuesto detener el progreso de los pobres.