Pataz: cuando la minería ilegal desafía al Estado

El atentado perpetrado esta semana contra las instalaciones de la unidad de producción Santa María de la compañía Minera Poderosa, en la provincia de Pataz, constituye un nuevo y grave episodio de la escalada de violencia asociada a la minería ilegal en el Perú. El ataque, ejecutado mediante el lanzamiento de explosivos contra oficinas administrativas de la empresa, dejó dos trabajadores heridos y ocasionó severos daños materiales. Más allá de las pérdidas inmediatas, el hecho revela una realidad mucho más preocupante: la consolidación de estructuras criminales capaces de desafiar abiertamente al Estado, a las autoridades y a la actividad económica formal.

No se trata de un incidente aislado. Durante los últimos años, Pataz se ha convertido en uno de los principales escenarios de atentados de la minería ilegal. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes. Solo en 2025, la provincia registró 52 homicidios relacionados con la criminalidad y la minería ilegal, cifra superior a la del año anterior pese a la vigencia del estado de emergencia y a la presencia de fuerzas militares y policiales. Entre los hechos más dramáticos figura el secuestro, tortura y asesinato de trece trabajadores de seguridad vinculados a Poderosa, una masacre que evidenció la capacidad operativa y el grado de brutalidad de estas organizaciones.

Los acontecimientos de Pataz muestran que la minería ilegal ha dejado de ser únicamente un problema ambiental o económico. Se ha transformado en un desafío directo al Estado de derecho y al principio de autoridad de la democracia. Cuando grupos armados utilizan explosivos, ocupan territorios, intimidan a poblaciones enteras y atacan instalaciones empresariales, estamos ante fenómenos que adquieren características propias del crimen organizado.

La expansión de esta actividad encuentra un poderoso incentivo en el contexto internacional. El extraordinario aumento del precio del oro, que en 2026 se mantiene alrededor de los 5,000 dólares por onza y ha alcanzado incluso niveles cercanos a los 6,000 dólares, ha multiplicado la rentabilidad de las operaciones ilegales frente a la pasividad de las instituciones del Estado de derecho. En un escenario global marcado por la incertidumbre económica y geopolítica, el oro se ha convertido nuevamente en un activo refugio altamente demandado. Como consecuencia, cada yacimiento representa una oportunidad de ganancias extraordinarias para quienes operan al margen de la ley.

Los efectos de este fenómeno son devastadores. Según estimaciones recientes, la minería ilegal ya genera exportaciones por más de US$ 12,000 millones, una cifra comparable a la producción formal de oro del país. Las pérdidas tributarias para el Estado superan los S/ 7,500 millones, recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud, educación y seguridad. A ello se suma la destrucción ambiental provocada por la deforestación, la contaminación de ríos y el uso indiscriminado de sustancias tóxicas, cuyos efectos se proyectarán durante décadas.

Sin embargo, el peligro más profundo quizá no sea económico ni ambiental, sino político e institucional. Las enormes ganancias que produce la minería ilegal permiten financiar redes de influencia destinadas a obtener protección, retrasar reformas o bloquear medidas de fiscalización. La prolongación indefinida del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), concebido originalmente como un mecanismo transitorio, ilustra las dificultades que enfrenta el Estado para imponer reglas claras y hacerlas cumplir. La capacidad de presión política acumulada por sectores vinculados a esta actividad se ha convertido en un factor que distorsiona el funcionamiento normal de las instituciones.

La amenaza también alcanza al régimen de propiedad sobre el cual descansa la inversión minera formal. En diversas regiones del país, concesiones legalmente otorgadas han sido invadidas o sometidas a ocupaciones ilegales. Cuando el derecho de propiedad deja de ser protegido eficazmente, se debilita uno de los fundamentos esenciales para el desarrollo económico. El resultado es un clima de incertidumbre que desalienta inversiones, afecta la generación de empleo y compromete el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Frente a esta realidad, la respuesta del Estado no puede limitarse a declaraciones de condena ni a medidas temporales. La experiencia de Pataz demuestra que los estados de emergencia, por sí solos, resultan insuficientes cuando no forman parte de una estrategia integral. Es indispensable fortalecer la inteligencia policial, desarticular las cadenas de financiamiento y comercialización del mineral ilegal, mejorar los sistemas de trazabilidad y sancionar con firmeza a quienes facilitan o encubren estas actividades.

El atentado contra Minera Poderosa es una advertencia. Lo ocurrido en Pataz no afecta únicamente a una empresa o a una provincia. Constituye una señal de alarma sobre el avance de economías ilegales que buscan reemplazar la autoridad de la ley por la lógica de la violencia. La defensa del Estado de derecho exige reconocer que la minería ilegal ya no es un problema periférico, sino una de las principales amenazas para la seguridad, la institucionalidad y el futuro desarrollo del Perú.