El peligro de la expansión de la minería ilegal en cobre

La minería ilegal acaba de cruzar una frontera que debería encender todas las alarmas nacionales. Durante años, el debate se concentró en el oro y en la devastación ambiental provocada por las mafias que operan en Madre de Dios y otras regiones amazónicas. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional acaba de advertir que el fenómeno se expande ahora hacia el cobre, el recurso estratégico más importante de la economía peruana y uno de los minerales más demandados del planeta.

Según la reciente evaluación del FMI, hasta el 5% de las exportaciones peruanas de cobre durante el 2024 habrían tenido origen ilegal. La cifra resulta extraordinariamente preocupante. Considerando que las exportaciones cupríferas superaron los US$ 23,000 millones en dicho año, estaríamos hablando de más de US$ 1,150 millones vinculados a actividades al margen de la ley.

No se trata de un fenómeno marginal ni de pequeños productores informales intentando sobrevivir. Estamos frente a una economía criminal que ha comenzado a penetrar uno de los sectores más importantes para el crecimiento nacional y que amenaza con reproducir en el sur del país el mismo escenario de violencia, captura territorial y debilitamiento institucional que ya se observa en otras zonas dominadas por la minería ilegal.

La expansión de estas organizaciones no es casual. El cobre atraviesa uno de los momentos más atractivos de su historia reciente. El precio internacional supera los US$ 6.30 por libra y todas las proyecciones indican que la demanda mundial continuará creciendo durante las próximas décadas. La transición energética, los vehículos eléctricos, los centros de datos, la inteligencia artificial y las nuevas redes de transmisión eléctrica dependen crecientemente de este metal.

La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda global de cobre crecerá alrededor de 25% hacia el 2040. Al mismo tiempo, diversos estudios advierten que la oferta mundial podría quedar hasta 10 millones de toneladas por debajo de la demanda proyectada. Estamos, por lo tanto, frente a uno de los recursos más estratégicos de la economía global.

Y precisamente allí aparece la enorme responsabilidad del Perú. Como tercer productor mundial de cobre y poseedor de algunas de las mayores reservas del planeta, el país debería estar preparándose para aprovechar este superciclo histórico mediante nuevas inversiones, ampliaciones de operaciones y desarrollo de grandes proyectos mineros. Sin embargo, mientras la minería formal enfrenta conflictos, permisos interminables y crecientes obstáculos regulatorios, las organizaciones ilegales avanzan con rapidez sobre territorios estratégicos.

Las evidencias ya son visibles. En regiones como Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno, la minería ilegal de cobre se ha convertido en una actividad cada vez más extendida. Uno de sus mecanismos más frecuentes consiste en invadir concesiones formalmente otorgadas por el Estado y extraer directamente el mineral sin ningún tipo de autorización ni control.

El caso más emblemático es Sulfobamba, una zona perteneciente a Las Bambas, la mayor productora de cobre del país. Según información de la propia empresa operadora, durante el 2025 la minería ilegal habría extraído aproximadamente 90,000 toneladas de cobre de esta área, afectando seriamente las reservas y el valor económico del proyecto.

Lo más grave es que el problema trasciende ampliamente las pérdidas empresariales. La minería ilegal destruye el sistema de propiedad minera sobre el cual se sostiene toda la inversión del sector. Cuando grupos criminales ocupan concesiones formalmente otorgadas por el Estado y explotan recursos sin autorización, el mensaje que reciben los inversionistas es devastador: los derechos de propiedad dejan de estar garantizados.

Además, la actividad ilegal opera sin estándares ambientales, laborales ni tributarios. Utiliza explosivos artesanales, evade impuestos, contamina ecosistemas y alimenta cadenas clandestinas de procesamiento y exportación. Diversos analistas estiman que en el corredor minero del sur circulan diariamente entre 200 y 300 camiones transportando cobre de origen ilegal, mientras las plantas de procesamiento clandestinas se han multiplicado especialmente en Arequipa e Ica.

La amenaza adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa su impacto sobre la cartera minera futura. El Instituto Peruano de Economía ha advertido que la presencia de mineros ilegales ya alcanza zonas vinculadas a proyectos estratégicos como Michiquillay, Los Chancas y Haquira. En otras palabras, las organizaciones criminales no solo están saqueando recursos existentes; también están comprometiendo el desarrollo de las inversiones que deberían sostener la producción nacional durante las próximas décadas.

La experiencia de Pataz debería servir como advertencia. Allí la minería ilegal evolucionó desde una actividad aparentemente dispersa hasta convertirse en una estructura criminal capaz de controlar territorios, imponer reglas propias y recurrir sistemáticamente a la violencia. Si el mismo fenómeno se consolida en el corredor cuprífero del sur, las consecuencias para la economía nacional podrían ser devastadoras.

Por ello, la respuesta del Estado no puede limitarse a operativos aislados ni a decomisos ocasionales. La expansión de la minería ilegal exige una estrategia integral que involucre a la Sunat, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para perseguir no solo a los operadores en campo, sino también a las redes financieras, políticas y comerciales que sostienen este negocio.