¡El Perú de pie contra las ineficiencias e irregularidades de la ONPE!

Se acaba de conocer un informe de la Controlaría General de la República en el que se comprende a diez funcionarios de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en irregularidades –pasibles de sanción penal– en las recientes elecciones nacionales. Asimismo, cuatro de los funcionarios implicados siguen ejerciendo el cargo y, por otro lado, el Ministerio Público está solicitando levantar el secreto bancario y de comunicaciones de todos los eventuales implicados. En otras palabras, la primera vuelta electoral en el Perú ha representado un escándalo mundial por la suma de irregularidades e ineficiencias que se acumularon.

El Perú, los peruanos de buena voluntad, todos los ciudadanos que pretenden construir un futuro viable en el país para las siguientes generaciones y, por lo tanto, buscan evitar tragedias como las de Venezuela o de Bolivia, deben exigir que el sistema de justicia investigue y sancione con penas ejemplares cualquier posible delito en el proceso electoral.

He allí por qué el señor Rafael López Aliaga –más allá de sus yerros inaceptables en cualquier lucha democrática– sostiene con legítima indignación que le “robaron su ingreso a la segunda vuelta electoral”. En este contexto, en el objetivo de consolidar el Estado de derecho y las instituciones en el Perú de ninguna manera se puede aceptar como simples yerros todo lo que sucedió en la primera vuelta de las elecciones. La indignación debe continuar y las investigaciones proseguir con más fuerza, incluso si solo un elector hubiese sido afectado en su derecho a ejercer el voto.

En las últimas dos décadas, sobre todo luego del gobierno nacionalista de Ollanta Humala, se comenzó a hablar de “una república caviar”, por el sistema de control de instituciones que perpetró la izquierda progresista sin necesidad de ganar elecciones o manejar directamente el poder político. Está de más sostener que este sector llegó a controlar el anterior Tribunal Constitucional (TC), el Ministerio Público y sectores del Poder Judicial. En esta llamada república caviar, incluso cuatro magistrados del TC que ejercían el cargo con los plazos vencidos llegaron a convalidar un golpe de Estado: el cierre inconstitucional del Congreso con la figura de “denegación fáctica de confianza”, una figura que no existe ni existirá en una constitución democrática. 

Sin embargo, lo más brutal de la república caviar fue la persecución política de casi todos los políticos anticomunistas (Alan García, Keiko Fujimori y Luis Castañeda Lossio) con el objetivo de facilitar la llegada al poder de la izquierda. Finalmente, Pedro Castillo llegó al poder. En América Latina ninguna izquierda se atrevió a tanto, a reeditar el estalinismo y el totalitarismo en los aparatos judiciales, tal como sucedió en el Perú.

Lo que no estaba claro es que el sistema electoral en el Perú, de una u otra manera, llegara a ser influenciado por el progresismo y las izquierdas a tal extremo que las denuncias de Fuerza Popular y de Renovación Popular acerca de que hubo “fraude electoral en las elecciones del 2021 y la primera vuelta del 2026” adquieren verosimilitud y obligan a cualquier demócrata a exigir que las investigaciones se constituyan en un proceso ejemplificador en la construcción republicana. 

Cuando en la primera vuelta de este año alrededor del 30% de las mesas electorales no se instalaban –el 90% de ellas en Lima– a las 12 pm, el retraso, las ineficiencias e irregularidades electorales, en el acto, recordaron el sistema de fraudes y expropiaciones del sufragio popular que se implementaron en los países del eje bolivariano en la región. He allí el porqué la investigación y sanción de las irregularidades electorales debe movilizar a todos los demócratas del Perú, y obliga de manera superlativa a permanecer alertas en la segunda vuelta electoral.