El Ejecutivo y la estrategia de poder en el corredor minero

A estas alturas ya es evidente la conducta que asumirá el Gobierno de Pedro Castillo frente a la ofensiva de las minorías radicales que bloquean carreteras, violan la propiedad pública y privada y ejercen violencia en contra de las principales minas del corredor minero del sur. La conducta es dejar hacer y dejar pasar, y convertir la principal zona minera del Perú en una especie de Lejano Oeste, en donde no existe Constitución ni ley, en donde se impone la ley de la fuerza. 

Una de las primeras conclusiones de los conflictos es que ya no existe Policía Nacional del Perú (PNP) y el sistema de justicia del Estado se inhibe de aplicar las leyes. Según diversas versiones, la orden del Ejecutivo es “no entrometerse en los conflictos con las empresas”, Y así parece confirmarse en los casos de MMG-Las Bambas en Arequipa y Cuajone en Moquegua.

Por ejemplo, en el caso de MMG-Las Bambas minorías de comunidades y poblados de las provincias cusqueñas de Chumbivilcas y Espinar han venido bloqueando el corredor minero del sur paralizando la producción de MMG-Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del mundo, no obstante que la operación minera se desarrolla en Apurímac. Estos sectores exigen que se les considere parte del área de influencia directa de la mina –pese a ubicarse a más de 100 kilómetros– y exigen contratos de servicios extorsivos. En la práctica se exige que la mina se convierta en el Estado y en el proveedor de servicios.

En el caso de Cuajone sucede algo parecido. Sectores de las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala han capturado el reservorio de Viña Blanca, que abastece de agua a la población y al campamento de la operación de la mina Cuajone. El resultado: unos días atrás Southern Perú anunció que suspendía temporalmente las operaciones en la Fundición de Ilo por falta de concentrados de cobre para producir cátodos.

Cualquiera que sea el análisis de los hechos esta es la nueva realidad de la minería moderna en el Perú, que compite con Canadá, Australia, Chile y otros países en la captación de inversiones para desarrollar el potencial minero en medio de un boom de precio de los minerales, sobre todo los del cobre. El precio de la libra de cobre llega a los US$ 4.50; un precio que, de no mediar los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones, le permitiría crecer al Perú por encima del 5% anual.

El Gobierno de Pedro Castillo y las autoridades no intervienen en los conflictos. Peor todavía, es evidente que el Ejecutivo alienta y empodera a estas minorías radicales, tal como se expresa en los anuncios de la nacionalización del gas o el cierre unilateral de cuatro minas en el sur de Ayacucho (tema en el cual retrocedió el Gobierno).

A nuestro entender, el Ejecutivo ha abandonado a la minería nacional, y su conducta en el sector es parte de una estrategia de poder. Se pretende generar la impresión de que el atraso de las regiones mineras es responsabilidad de las empresas y no del Estado, que se muestra absolutamente incapaz de redistribuir la riqueza minera. Un Estado que –a nivel de los gobiernos central, regional y local– no puede redistribuir las enormes cantidades que recolecta en impuestos de las mineras y convertirlos en carreteras, postas médicas, colegios, sistemas de aguas y desagüe. Por ejemplo, en la última década (hasta el 2021) las empresas habían pagado más de S. 20,000 millones en canon. ¿En dónde están las obras para las poblaciones mineras?

El objetivo del Gobierno entonces es demonizar a las empresas para construir el relato de las nacionalizaciones de los recursos naturales, extremadamente importante en el Plan de Perú Libre. La renuncia del Ejecutivo a ejercer la autoridad en el corredor minero del sur, entonces, forma parte de una estrategia de poder en camino a la asamblea constituyente colectivista.