El Congreso yerra, pero salvó el Estado de derecho

 

Se ha vuelto un lugar común denostar del actual Congreso de la República y señalar los niveles de desaprobación que tiene, que pueden sobrepasar el 85% de la ciudadanía. En gran parte las críticas al Legislativo son plenamente justificadas: allí están las leyes que aprueban un sétimo retiro de las AFP y la norma que reincorpora a docentes retirados de la carrera pública magisterial. Allí están también las denuncias de los llamados “mochasueldos” que siguen perjudicando el prestigio de la rama legislativa.

Sin embargo, como se dice, en las evaluaciones del Congreso comienza a ser urgente y necesario separar la paja del grano para evitar equívocos mayores. A nuestro entender existe una estrategia de las corrientes progresistas que buscan demonizar al actual Legislativo con el objeto de provocar el adelanto electoral. Sobre críticas legítimas, el progresismo pretende señalar que los responsables de los males nacionales están en el Congreso, ignorando o pretendiendo ocultar que la destrucción del país empezó luego de que una coalición amplia de las izquierdas –incluyendo a las progresistas– llevarán al poder a Pedro Castillo.

Para decirlo en pocas palabras, sin las fábulas y relatos del progresismo, Castillo nunca habría llegado al poder. Ante cualquier duda vale recordar que el informe de la Comisión de la Verdad dividió al país entre buenos y malos. Castillo se ubicó como el bueno, se hizo del poder y empezó la destrucción nacional.

Vale subrayar estos hechos para señalar que, sin la decisión del Congreso de enfrentar el golpe fallido de Pedro Castillo y las olas de violencia insurreccional, hoy no habría Estado de derecho en el Perú. Sin la decisión del Legislativo de defender la Constitución habría sido imposible crear una convergencia institucional prodemocracia del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría de la República, junto a la policía nacional (PNP) y nuestras fuerzas armadas.

Y es evidente que, sin esa confluencia institucional, política y militar que surgió desde el Congreso, la clase política nacional habría claudicado y se habría aceptado la convocatoria de una constituyente.

Todos estos hechos se vuelven superlativos si vemos la estrategia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pretende instalar una constituyente y estatizar los sistemas de salud y de pensiones. En el país del norte hay una gigantesca movilización ciudadana en contra de los objetivos de Petro; sin embargo, el Congreso está dividido frente al proyecto autoritario del eje bolivariano. Por ejemplo, la cámara de diputados rechazó la estatización de la salud, pero el Senado aprobó la colectivización de las pensiones. En este contexto, a pesar de la movilización en contra, a través de un decreto, Petro intervino el sistema de salud empezando la estatización y profundizando la revolución.

Como se aprecia con absoluta claridad, las decisiones de los legislativos son claves y fundamentales para detener los arrestos del chavismo. Allí donde la rama congresal se doblega al eje bolivariano se instalan dictaduras de mediano y largo plazo: Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y en el pasado algo parecido sucedía en Ecuador.

Criticar al actual Congreso del Perú es necesario y legítimo por la cantidad de yerros y despropósitos que se acumulan. Sin embargo, es hora de señalar que esta entidad ya forma parte de la historia democrática nacional, precisamente, por haber detenido el plan autoritario de un gobierno comunista que había llegado al poder.

Y nunca se trató de una reacción impensada: desde el primer día que se instaló el actual Legislativo comenzó a desmontar las reformas y triquiñuelas progresistas que le habrían permitido a Castillo tomar el poder utilizando los procedimientos constitucionales. Por ejemplo, aprobó una ley que estableció que no se podía plantear cuestiones de confianza en contra de funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, sancionó una ley de referendo que prescribía que cualquier reforma parcial o total de la Constitución –tal como está en la Constitución– debía pasar por el Legislativo y, sobre todo, eligió a los nuevos miembros del TC.

Es necesario, pues, separar la paja del grano en las críticas al Legislativo.